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Crisis eléctrica
Crisis eléctrica

Conep: “Que se licite la propiedad de la Central a carbón de Catalina”

Dice que la función del Estado es normativa

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Conep: “Que se licite la propiedad de la Central a carbón de Catalina”
Construcción de la Central a Carbón de Punta Catalina.

SANTO DOMINGO. “Queremos que se hagan procedimientos de licitación transparentes. Por ejemplo, en el caso de las plantas a carbón, nosotros queremos que se haga una licitación no solamente de la operación y mantenimientos, sino también de la propiedad”, explica la empresaria Marisol Vicens, abogada y vicesecretaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Vicens emite esa opinión, al recordársele la declaración del 9 de abril de Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en lo relativo a la central a carbón que se construye en Punta Catalina. Ese día declaró que sólo se contempla licitar “la operación y mantenimiento”, mientras que la administración de la Central quedará en manos del Estado.

Al inicio de la tarde de este martes, los principales ejecutivos del Conep se reunieron con los editores de economía de los medios impresos. En el contexto de ese almuerzo, realizado en su sede y encabezado Rafael Blanco Canto, presidente del Conep, la entidad explicó sus propuestas “para la sostenibilidad y desarrollo del sector eléctrico”.

En un documento de 18 páginas, la organización, que agrupa al estrato empresarial más poderoso del país, explica su postura que sustenta en 9 principios.

Uno de ellos, tal vez el más polémico, tiene que ver con “el rol del Estado y sus instituciones”, donde propone que el Gobierno deberá traspasar al sector privado y “en un plazo no mayor de cinco años”, aquellas actividades en las que actualmente participa, que no sean la de transmisión de electricidad y la de generación de las hidroeléctricas.

Con esa propuesta, el Conep plantea que el Estado venda al sector privado sus participaciones en las empresas de generación a base de carbón, derivados del petróleo, u otra fuente de energía que no sea la del agua.

“El rol principal del Estado deberá ser normativo, fiscalizador y sancionador”, afirma el Conep. Entiende que “las distorsiones que históricamente se han producido por la multiplicación de sus roles, le han impedido al Estado “una regulación eficaz e independiente”, lo que ha afectado el tratamiento igualitario de todos los sectores.

Se le observa que en el sector financiero, también operan bancos públicos, y que el Estado es el regulador. “También ahí ha habido problemas”, responde Rafael Blanco Canto, que proviene de la industria turística de La Romana y Bayahíbe.

El Conep expone su propuesta en el contexto de las discusiones nacionales previas hacia el Pacto Eléctrico, un mandamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Precisamente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales realiza en el día de hoy, en el hotel Sheraton, una jornada de socialización, nombrada “El Sector Eléctrico desde la Óptica de los administradores de la CDEEE”.

Cuenta con el detalle inusual de que participarán, además de Bichara, actual vicepresidente de la CDEEE, todos los ex administradores de ese holding estatal del sector eléctrico, que es dueño del 75% el sistema interconectado, según Blanco Canto.

Entre ese cúmulo de administradores destaca uno, ex presidente del Conep, el empresario Celso Marranzini, zar del sector eléctrico estatal entre agosto del 2009 y agosto de 2012.

Entre los ex administradores también se incluyen el agrónomo, experto en plantas del mundo vegetal, Amílcar Romero (1995-1996), y el ingeniero Marcelo Jorge, que ocupó el puesto durante el Gobierno de Jorge Blanco, cuando la CDEEE se llamaba “CDE”.

Mientras, el Conep aboga por la “seguridad jurídica”, para fomentar la inversión privada en el sector, la libre competencia y la transparencia en las compras y ventas de energía as las distribuidoras.

Los principios del CONEP

Los principios de las propuestas del CONEP incluyen además, garantizar el servicio de electricidad a toda la población; fomentar las energías renovables, apoyar la inversión privada, lo que incluye la promoción de la libre competencia. Asimismo, proponen la autonomía (de las decisiones políticas) de las empresas distribuidoras, sean éstas públicas o privadas. Igualmente, plantean un mercado eléctrico eficiente que responda a señales de precios adecuadas, y un sistema que garantice flujos financieros oportunos.

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