Las sanciones económicas obligan en 1992 a una reforma del código laboral

SD. Entre 1991 y 1992, República Dominicana estaba frente a la disyuntiva histórica de abandonar el Código Trujillista del Trabajo, vigente desde 1952, por uno que respetara los convenios internacionales de la OIT, o ser expulsada de todos los esquemas preferenciales de comercio.

Estos hechos son narrados en el libro "La Reforma al Código de Trabajo" que este jueves, a las 7 de las noches y en la Suprema Corte de Justicia, pondrá a circular el doctor Rafael Alburquerque, experto en legislación laboral, ministro de Trabajo en dos ocasiones, y vicepresidente de la República en los períodos 2004-2008 y 2008-2012, fue un testigo de primera fila de esos acontecimientos.

Una huelga general realizada el 8 de septiembre de 1990, en un contexto social de crisis provocada por una profunda escasez de gasolina, apagones prolongados, y carestía de alimentos es antecedida por un acuerdo tripartito alcanzado en presencia del presidente Joaquín Balaguer,

Un mes después, Balaguer crea una comisión de juristas encargada de proponer las modificaciones de los artículos sobre los cuales se había pronunciado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero los resultados provocan una resistencia empresarial "pugnaz".

Mientras los intentos de concertación iban y venían, el Poder Ejecutivo somete el proyecto de reforma al Congreso , "como un mensaje dirigido al empresariado para que depusiera su actitud". Fue aprobado por los diputados, con modificaciones más favorables para los trabajadores.

La voluntad de cambio del Gobierno estaba moldeada por una ola de sanciones económicas que amenazaban al país, resultado de las campañas de denuncias que se llevaban a cabo en Estados Unidos.

En su libro, Alburquerque menciona la campaña de Human Rights Watch. También se refiere a las campañas de la confederación de trabajadores estadounidenses, conocida por sus siglas AFL-CIO, en la que reclamaba al Departamento de Estado la suspensión de los beneficios que otorgaban la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, y del Sistema Generalizado de Preferencias.

Relata que operadores turísticos de la región iniciaron una campaña para desalentar a los trabajadores europeos a visitar al país, en represalia por las violaciones de los derechos "de sus compañeros" dominicanos.

De haber prosperado, esas iniciativas hubiesen conducido "al cierre de las empresas de zonas francas y al colapso del turismo", afirma Alburquerque, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Trabajo.

En ese contexto, una comisión de la OIT visita al país para dar seguimiento a la política de contratación de trabajadores migrantes.

Tras una reunión entre una delegación haitiana y otra dominicana, se firma un acuerdo entre ambas partes que da por resultado un acuerdo preliminar.

Cuando la delegación dominicana, integrada por Alburquerque, Arturo Bia-ggi y César Herrera, presentan el acuerdo al presidente Balaguer, éste dice no estar de acuerdo, "porque no aclara que como país soberano tenemos el derechos de decidir qué extranjero ingresa y qué extranjero debe salir del territorio nacional".

Alburquerque narra que tras releerle el acuerdo, bajo el entendido de que no lo había entendido, Balaguer respondió con dureza: "Eso dice la letra, pero no el espíritu". A lo que el secretario de Trabajo le respondió: "Ahí no le discuto, señor Presidente, porque no soy espiritista".

Pero al otro, día, con "mínimas correcciones" Balaguer acepta el acuerdo. Pero antes der ser firmado por ambas naciones, unas declaraciones del presidente Jean-Bertrand Aristide ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, "hizo trizas la tentativa".

Los nuevos acuerdos

Los esquemas preferenciales de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y del Sistema Generalizado de Preferencias fueron sustituidos por acuerdos simétricos y más vinculantes como el DR-Cafta, con Centroamérica y Estados Unidos, que reafirma las obligaciones de las partes como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998).

Edwin Ruiz