Iniciativas reformistas de Mauricio Macri provocan batallas legales

Jueces de la era de Kirchner han resistido los intentos de estabilizar las finanzas públicas.

El presidente Mauricio Macri ha hecho un llamamiento a los amantes del deporte de su país y del vecino Brasil para que dejen de insultarse en los Juegos Olímpicos de Río. También está jugando el papel de pacificador a nivel doméstico, donde su última reforma — un intento de reducir los subsidios a los servicios públicos — ha provocado huelgas y protestas, ha entrado en conflicto con los tribunales y ha sido aprovechada por sus adversarios políticos.

En su favor hay que decir que el Sr. Macri no ha renunciado a aplicar medidas impopulares desde que llegó al poder en diciembre, plenamente consciente de que la economía argentina necesita un reajuste radical después de 12 años de gobierno socialista. Inmediatamente abolió los controles de capital, permitió que la moneda se devaluara para estimular las exportaciones y ha comenzado a reducir tanto la regulación y como la función pública.

Sin embargo, hasta ahora las reformas pro-empresariales del nuevo gobierno han tenido pocos efectos tangibles, afectadas por la severa recesión de su vecino Brasil. Se espera que la economía se contraiga otro 1.5 por ciento este año y los analistas privados esperan que la inflación sea del 40 por ciento. El Sr. Macri dijo la semana pasada que la situación se estabilizará en el cuarto trimestre y que el próximo año será mucho mejor, prometiendo un crecimiento del producto interno bruto del 3.5 por ciento en 2017, y una reducción de la inflación hasta el 17 por ciento.

Pero para lograr eso, el gobierno está aumentando el gasto con un programa de infraestructura de US$7 mil millones que supuestamente estimulará a la inversión privada, generará empleos y combatirá la pobreza. También hay un plan para aumentar las pensiones y recortar los impuestos sobre la renta, así como una amnistía fiscal para alentar a los argentinos con dinero en el extranjero a repatriar sus fondos.

Aunque todo esto tiene sentido en términos de aceleración del crecimiento, se corre el riesgo de causar estragos en las finanzas del gobierno. El comentario del presidente en este sentido la semana pasada fue que le “gustaría” cumplir el objetivo de un déficit fiscal del 3.3 por ciento del PIB el próximo año. Economistas independientes piensan que la brecha será mayor.

Eso hace que la actual batalla sobre los precios de los servicios públicos — que merman considerablemente las arcas públicas — sea muy importante si la administración quiere conservar alguna esperanza de continuar actuando de modo fiscalmente responsable. Tanto el aumento de los precios del gas decretado el 1 de abril como el aumento de los precios de la electricidad en febrero han sido impugnados, y de hecho suspendidos, por los jueces federales en los tribunales inferiores del país, quienes en su gran mayoría fueron nombrados por el anterior régimen de Cristina Fernández de Kirchner.

Esto no sólo es un gran problema para el gobierno, sino también para los consumidores, quienes no están seguros de cuánto deberían estar pagando, y para los distribuidores de gas y electricidad, que han dejado de facturarles a los clientes debido al embrollo legal.

El caso del gas ha avanzado ahora hasta el Tribunal Supremo, el cual debe emitir su fallo esta semana. Medley Global Advisors, un servicio de macro investigación propiedad del Financial Times, indica que la administración Macri espera que el Tribunal Supremo emita un fallo intermedio que probablemente le pedirá al gobierno que complete las audiencias públicas exigidas por la constitución y tome en cuenta las consecuencias sociales del aumento de las tarifas de gas, pero que no bloqueará los aumentos de precios.

Si eso sucede, sentaría un precedente útil para el caso de la electricidad. El gobierno entonces aceleraría las audiencias públicas, previstas inicialmente para octubre y las celebraría antes de finales de este mes. A más largo plazo, comenzaría a neutralizar a los elementos kirchneristas en el sistema judicial para evitar problemas similares en el futuro, dice Medley.

Funcionarios de la administración plantean que el Sr. Macri enfrentó problemas similares cuando era alcalde de Buenos Aires y los jueces locales intentaron bloquear muchas de sus decisiones. Sin embargo, señalan que en última instancia venció su resistencia y esta vez sucederá lo mismo.

Mientras tanto, es cierto que el presidente sigue siendo ampliamente popular en el país y está logrando que el Congreso, donde no tiene mayoría formal, apruebe leyes, incorporando a peronistas convencionales y aislando a los políticos duros del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández.

Si, contrario a lo que espera el gobierno, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de primera instancia que anula el aumento de tarifas, le costaría al gobierno 80 mil millones de pesos (US$5.5 mil millones) en ingresos y anularía la única medida importante de austeridad fiscal que ha adoptado hasta ahora. Esto también indicaría que la política energética nacional está en manos de los tribunales, lo cual podría socavar todo el programa de inversión del gobierno. Pero lo más probable es que el Sr. Macri se salga con la suya y proceda a solucionar los problemas de Argentina.

Por Dan Bogler (c) 2016 The Financial Times Ltd. All rights reserved

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