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Creen reglamento del Indotel afectaría libertad internautas

Informáticos aseguran a Diario Libre que los usuarios pagarán costo almacenamiento

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Creen reglamento del Indotel afectaría libertad internautas
Consideran que el Gobierno busca controles de internet en RD. ARCHIVO
SD. Especialistas en tecnología informática aseguran que atenta contra la privacidad del internauta y podría ser un mecanismo de control de las libertades, el reglamento aprobado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que regula la preservación de datos e informaciones de los usarios por parte de los proveedores de servicios de Internet.

"Es importante que la sociedad civil pueda involucrarse para la observación de este nuevo proceso, ya que el reglamento otorga mucho poder en detrimento de las libertades individuales", aseguró Arturo López Valerio, de la empresa de tecnología Numericit.

El reglamento, creado en base a las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, señala que los proveedores de servicios tienen la obligación de conservar los datos de tráfico, conexión y acceso, en la medida en que son generados por los usuarios, por un período de tiempo que no será inferior a 90 días, ni superior a dos años.

"El reglamento requiere del almacenamiento de muchos datos electrónicos que pueden convertirse en un costo para las telefónicas, por lo tanto, ese costo será transferido a los usuarios", asegura López.

El gerente de informática de una cadena de farmacias del país, Carlos Gómez Mallol, considera positivo que el Indotel también busque prohibir el acceso a páginas, chats o cualquier material de abuso infantil, no obstante tiene sus reservas. "Estoy ciento por ciento de acuerdo con el tema de contrarrestar la pedofilia y ésta puede ser atacada de otra forma que no sea guardando todos los datos de navegación de los clientes", considera.

El reglamento se aprobó en medio de los escándalos de alegados "hackeos" que han generado investigaciones del gobierno contra ejecutivos de un medio de comunicación, así como denuncias acerca de una supuesta cuenta de la Primera Dama en el exterior.

"No protege a los usuarios del servicio (el reglamento), sino que discrimina a todos los ciudadanos por igual para poder almacenar los datos", concluye López.