Ecos|18 feb 2013, 12:00 AM|1|POR Tania Molina

Bahía de las Águilas: más dudas que sosiego

Wilton Guerrero llama a la población a levantarse contra la "nueva maniobra de fraude"
Los terrenos de Bahía de las Águilas son muy codiciados.
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SANTO DOMINGO. La solución que dio la gestión de Danilo Medina al conflicto legal sobre los títulos de propiedad de las tierras de Bahía de las Águilas y el Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, más que llevar sosiego, ha desatado un velo de inconformidad y dudas.

Los grupos ecologistas, que mantienen la voz de alerta en la defensa de esa área protegida, insisten en que se tiene que identificar, con mapa incluido, las tierras que serán vendidas, y cuyo beneficio el gobierno acordó dividirse, (55%-45%) con los tenedores de los títulos de propiedad en la zona que eran objeto de una litis judicial por la supuesta forma irregular en que fueron obtenidos.

La exigencia, según explica el ambientalista y doctor en geografía, José Ramón Martínez, surge, porque las parcelas 215-A, del Distrito Catastral #03, de Pedernales, en litis judicial desde el año 1997, son parte del área protegida denominada Parque Nacional Jaragua, y coinciden en número y letra con las negociadas por el gobierno de Medina.

En tal sentido, Martínez asegura que esos terrenos no pueden negociarse, pues son exclusivos del Estado dominicano, protegidos, tanto por la Ley de Medio Ambiente, como la de Áreas Protegidas.

El pasado jueves en el Palacio Nacional, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, junto a los ministros de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez; y de Turismo, Francisco Javier García, anunciaron que el Gobierno había llegado a un acuerdo para recuperar unas 68 parcelas del referido Distrito Catastral, a fin de aprovecharlas para el desarrollo del Polo Turístico Ampliado de la Región Suroeste. Las parcelas están marcadas con el número 215-A-; 215-A-1 en adelante hasta la 215-A- 83, con exenciones de algunos números; la 215-B- y la 40 con sus divisiones.

El Gobierno propone crear un fideicomiso para tasar los terrenos, y que el Estado percibirá el 55% de los beneficios de las tierras y los supuestos dueños, el 45%. Pero esos "dueños", sometidos a la justicia porque supuestamente adquirieron los títulos mediante fraude, tienen la opción de preservar sus tierras, si pagan al Estado su 55% correspondiente.

Los funcionarios, que conforman una comisión creada por el presidente Danilo Medina para tales fines, hicieron la salvedad de que Bahía de las Águilas no estaba dentro de los terrenos bajo acuerdo, y que "se mantendrá sin alteración". "No tenemos nada visible que nos diga que en ese acuerdo Bahía de las Águilas no está incluida. Y aunque no estuviera, ¿qué es lo que se piensa hacer?", se cuestiona Martínez, que también quiere saber cuáles son los supuestos propietarios con los que se negoció.

Los ambientalistas Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), e Ivonne Arias, del Grupo Jaragua, están más que seguros de que las parcelas quedan dentro del área protegida.

"Esas tierras están todas dentro del parque, porque la 215- y la 40 son las dos parcelas que constituyen el parque", sostiene Arias, a quien la versión estatal le parece un cuento para confundir a "los que no conocen la zona". Advierte que "La Constitución dice que las áreas protegidas no se pueden disminuir y que son inalienables e intransferibles, y con eso se gana un juicio".

A las calles

El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, fue la persona que en 1997 inició, como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el proceso judicial contra lo que él aún denomina "una pandilla de delincuentes".

Recuerda cómo en 1995, los terrenos que ahora negoció el Gobierno, fueron transferidos desde Bienes Nacionales (BN) al Instituto Agrario Dominicano (IAD), y de ahí a un grupo de personas, que asegura hacían de testaferros, a modo de asentamientos agrarios.

El senador dice que el proyecto se llevó a cabo gracias a "una mafia conformada por funcionarios de BN, el IAD registradores de títulos, abogados notarios, jueces y fiscales, toda una asociación de malhechores".

Afirma, además, que los beneficiados de los asentamientos era gente que no calificaba para ello, y que los títulos se entregaron utilizando fotocopias de cédulas de personas en Santo Domingo, ya que nunca se hizo un asentamiento agrario en Pedernales. "Esos terrenos no tenían ni tienen vocación agraria ni ganadera, son terrenos que constituyen una reserva ecológica del país", sostiene.

Indica que los "testaferros" de entonces vendieron a precios de hasta 2 mil pesos por parcelas de 500 tareas, a los "verdaderos jefes de las pandillas", y entre ellos menciona a varios de los sometidos en el 1997, como el político Puro Pichardo, el entonces senador de Pedernales, Antonio Félix Pérez, Moisés Marchena (este murió en prisión), y el dirigente reformista Jaime Rodríguez Guzmán, entonces director del IAD.

"Esos terrenos fueron apropiados de una manera burdamente fraudulenta, por esa mafia… Pero el mismo sistema de impunidad llevó a que tan pronto nosotros salimos de la dirección del IAD, las autoridades que nos sustituyeron abandonaron la persecución judicial, y por eso el IAD no enviaba los abogados a las audiencias y las reenviaban". A eso atribuye el legislador los 16 años de litis judicial, sin una decisión definitiva.

"Venir ahora con esa salida de hacer una negociación con los pandilleros es una burla a la sociedad dominicana. Eso es un acto de crimen incalificable, una mancha al gobierno de Danilo Medina", considera Guerrero, senador por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Asume que el Presidente fue sorprendido en su buena fe, le pide que reflexione y que no legalice el fraude, pues, según insiste, ello envía un mensaje a la sociedad de que la delincuencia no tiene freno y de que el actual mandatario es igual a los presidentes pasados.

Dolido, tanto como un padre que ha perdido a un hijo, según lo comparó, Wilton Guerrero llama a la población a no aceptar esa "maniobra de fraude", a levantarse y luchar, y dice estar dispuesto a salir a las calles, de ser preciso.

Pero por lo pronto, pide que, tanto los representantes del IAD como del Ministerio Público, que a su modo de ver fueron cómplices por omisión, respondan al país por qué no defendieron los derechos del Estado en los tribunales. También pide desconfiar de los funcionarios que hicieron el anuncio sobre el arreglo a la litis por Bahía de las Águilas.

Desarrollo Turístico Prioritario

En abril del año pasado, el Ministerio de Turismo elaboró un Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial de Pedernales en el cual establece como "zona de desarrollo turístico prioritario" en la provincia de Pedernales, los límites comprendidos entre la franja litoral del Río Pedernales a La Cueva.

Dicha zona, identificada en el plan como Macro Unidad 05, tiene entre sus límites "…el cauce del río Pedernales en dirección Noreste, hasta separarse 3,000 metros de la pleamar, a partir de aquí se dirige en la dirección Sureste siguiendo una línea de separación de 3,000 metros de la pleamar hasta alcanzar el límite del Parque Nacional Jaragua, luego bordea en dirección sur dicho límite hasta alcanzar la carretera de Oviedo- Pedernales, bordeando el límite hasta conectar con el punto de partido de la coordenada 17º 52.090-71º 38.714.".

Sobre el potencial turístico de la referida área también se han pronunciado en varias ocasiones la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD. De hecho, en 2006, ambas entidades elaboraron una propuesta para el desarrollo, planificado y regulado, de una extensión de 14 kilómetros de playa de Bahía Honda, que va desde Cabo Rojo a Pedernales, que superaban los 6 kilómetros de Bahía de las Águilas.

Algo que Ivonne Arias quiere dejar claro es que "los ambientalistas no se oponen al desarrollo de Pedernales", sino que quieren un desarrollo regulado y preservando las áreas protegidas.

Valor y fragilidad

José Ramón Martínez, quien participó en la elaboración del Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de Pedernales, en 2004, destaca el valor ecológico que tiene el Parque Jaragua, sitio de anidación de tortugas, y quizás el único ecosistema costero originario del país.

"Si se modifica el ecosistema, todo lo demás está asociado a una descomposición del ecosistema terrestre y luego el ecosistema marino… Pero, además, está el registro paleoambiental que no volveremos a tener, y ni hablar de los recursos hídricos, pues habrá que sacar agua subterránea porque no hay aguas superficiales". Insiste en que Bahía de la Águilas tiene altísimo valor y altísima fragilidad, y aboga para que no se haga lo mismo que en otras costas del país, donde han desaparecido los manglares, o peor, como en Haití, que destruyó la mayoría de sus recursos naturales.

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