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Reforma integral

No hay duda, todo lo que es integral parece mejor, desde los panes y galletas, a la educación y el medio ambiente.

La popularidad de lo integral se extiende a la reforma tributaria. Se sabe que hay que hacer algo para enfrentar el déficit fiscal, que ha crecido de forma alarmante, razón por la cual se dice que se necesita una reforma tributaria. Pero la mayoría de los que aceptan que es necesaria añaden, a renglón seguido, que debe ser integral. Y eso no sólo aquí: en México, Colombia, Guatemala y otros lugares también.

¿Qué es, en realidad, una reforma tributaria, o fiscal, integral? El consenso aquí es que debe ser una reforma que incluya impuestos, gastos y endeudamiento público, criterio fundado en el temor de que vuelva a ser una reforma orientada a "llenar huecos", como las últimas que el país ha tenido. Se quiere una reforma que cumpla con los principios básicos de la tributación y obedezca a criterios de racionalidad en los gastos públicos.

No hay mayor desacuerdo en cuanto a los principios básicos de los impuestos. Se acepta, desde hace tiempo, que deben ser eficientes, equitativos y progresivos. Menos acuerdo hay, sin embargo, respecto de la racionalidad de los gastos. Por supuesto, derroches flagrantes en personal ocioso o en obras improductivas son claramente irracionales, pero la mayoría de los gastos cae en una zona gris, en la cual la conveniencia o no de un gasto en particular no puede decidirse viéndolo aisladamente, en base a sus propias características, sino que hay que decidirla en función de los otros gastos alternativos de los que habría que prescindir.

Eso nos lleva al terreno de las prioridades, donde se deslizan los puntos de vista anclados en intereses sectoriales. Si tal o cual sector es prioritario, debe gravarse menos y los gastos públicos deben servirle de apoyo. Y resulta ser que la mayoría de los sectores se consideran ser prioritarios.