Traspaso de obligaciones
Gustavo Volmar
El recurrente debate sobre las compensaciones laborales pone de relieve un rasgo distintivo de la economía dominicana.
El hecho de que las negociaciones más difíciles no se limiten al nivel del salario sino que abarquen puntos como el preaviso, la cesantía y demás cargas accesorias es un indicio de que existe un traslado de obligaciones desde el Estado a las empresas.
Los trabajadores consideran esas prerrogativas como derechos adquiridos, conquistas logradas en el pasado sobre las cuales no hay razón para negociar ahora. Son, desde su punto de vista, parte integral de su remuneración.
Las empresas, en cambio, argumentan que esas cargas laborales deterioran su capacidad de competir con las importaciones, exportar y poder vender a bajos precios.
Les agradaría poder contratar y despedir empleados libremente, según sus necesidades, lo que afirman contribuiría a crear más puestos de trabajo, y a elevar la producción, el ingreso y las recaudaciones de impuestos.
En otros países más competitivos tales cargas no existen o son menores, pero cuentan con seguros de desempleo, programas de reentrenamiento y buenos servicios públicos.
Al no tener esas facilidades aquí, los empleados despedidos enfrentan elevados compromisos de gastos fijos sin medios para solventarlos. Por esa razón, nuestros trabajadores esperan que las empresas asuman la responsabilidad de proveerles la estabilidad de ingresos y servicios que el Estado no les proporciona.
Esa situación, combinada con el bajo nivel de ahorro interno, da paso a una alta relación entre deuda e ingresos familiares, lo que hace que la pérdida del empleo tenga consecuencias aún más dramáticas.
Y a todo eso se añade que el tipo de crecimiento económico del país genera mayormente oportunidades para trabajos de bajo nivel, lo que explica la dificultad que los trabajadores encuentran para mejorar sus ingresos vía ascensos en la escala laboral.
Gustavo Volmar
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