ONU defiende juzgar abusos cometidos en el pasado a derechos humanos en Haití
Se espera en Haití una reforma judicial para lograr "un sistema de justicia más independiente"
Diario Libre
PUERTO PRÍNCIPE.- La ONU defendió una reforma del código penal de Haití que "debería conducir a la persecución judicial de las graves violaciones pasadas de los derechos humanos" cometidas en ese país.
"La reforma del código penal en curso debe culminar sin demora", afirmó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado, aunque no mencionó expresamente qué casos concretos de este tipo de abusos deben ser sometidos a la justicia.
El subsecretario general de los Derechos Humanos, Ivan Simonovic, visitó Haití la semana pasada y hoy advirtió que existe "potencial para el progreso" en ese país si se toman decisiones adecuadas, pero también "riesgo de vuelta atrás".
Mencionó la necesidad de que el Consejo Electoral Permanente (CEP) "sea creíble y goce de la confianza del conjunto de la clase política" para asegurar que las elecciones municipales, locales y parlamentarias se celebren sin retraso y sin violencia.
Haití debería celebrar esas elecciones antes de final de año, aunque el CEP, que debe organizarlas, solo cuenta en la actualidad con seis de sus nueve miembros, designados por los poderes ejecutivo y judicial, mientras que la nominación de los otros tres consejeros, que corresponde al parlamento, está paralizada.
Simonovic destacó los planes para aumentar en 5.000 los agentes de la Policía Nacional, lo que podría reforzar la institución y la confianza de los ciudadanos en ella, dijo, al tiempo de considerar indispensable el papel de su inspector general para impedir que los autores de violaciones de derechos humanos puedan servir en ese cuerpo.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) de Haití denunció la pasada semana la politización y la subordinación de la Policía Nacional y aseguró que la confianza de la población en esa institución "se agota cada día".
El representante de la ONU recordó en su comunicado que desde hace mucho tiempo se espera en Haití una reforma judicial para lograr "un sistema de justicia más independiente, fiable y eficaz" en favor de los derechos de la población.
Denunció que, de los 3.489 presos que viven "en condiciones inhumanas y degradantes" en la Penitenciaría Nacional, menos del 8 % han sido condenados y el resto está en situación de detención preventiva.
Simonovic, por otro lado, resaltó la necesidad de mejorar la situación de los 370.000 haitianos que siguen viviendo en campamentos más de dos años y medio después del terremoto de 2010, que dejó 300.000 muertos, y dijo que "es necesaria una política de alojamiento y desarrollo urbano".
Como notas positivas, mencionó las modificaciones constitucionales que establecen una cuota del 30 % para las mujeres en la vida pública, la creación de un Consejo Constitucional, la designación de un ministro de los Derechos del Hombre y de la Lucha contra la Extrema Pobreza, así como el descenso de la población de los campamentos de 1,5 millones a 370.000 personas.
"La reforma del código penal en curso debe culminar sin demora", afirmó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado, aunque no mencionó expresamente qué casos concretos de este tipo de abusos deben ser sometidos a la justicia.
El subsecretario general de los Derechos Humanos, Ivan Simonovic, visitó Haití la semana pasada y hoy advirtió que existe "potencial para el progreso" en ese país si se toman decisiones adecuadas, pero también "riesgo de vuelta atrás".
Mencionó la necesidad de que el Consejo Electoral Permanente (CEP) "sea creíble y goce de la confianza del conjunto de la clase política" para asegurar que las elecciones municipales, locales y parlamentarias se celebren sin retraso y sin violencia.
Haití debería celebrar esas elecciones antes de final de año, aunque el CEP, que debe organizarlas, solo cuenta en la actualidad con seis de sus nueve miembros, designados por los poderes ejecutivo y judicial, mientras que la nominación de los otros tres consejeros, que corresponde al parlamento, está paralizada.
Simonovic destacó los planes para aumentar en 5.000 los agentes de la Policía Nacional, lo que podría reforzar la institución y la confianza de los ciudadanos en ella, dijo, al tiempo de considerar indispensable el papel de su inspector general para impedir que los autores de violaciones de derechos humanos puedan servir en ese cuerpo.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) de Haití denunció la pasada semana la politización y la subordinación de la Policía Nacional y aseguró que la confianza de la población en esa institución "se agota cada día".
El representante de la ONU recordó en su comunicado que desde hace mucho tiempo se espera en Haití una reforma judicial para lograr "un sistema de justicia más independiente, fiable y eficaz" en favor de los derechos de la población.
Denunció que, de los 3.489 presos que viven "en condiciones inhumanas y degradantes" en la Penitenciaría Nacional, menos del 8 % han sido condenados y el resto está en situación de detención preventiva.
Simonovic, por otro lado, resaltó la necesidad de mejorar la situación de los 370.000 haitianos que siguen viviendo en campamentos más de dos años y medio después del terremoto de 2010, que dejó 300.000 muertos, y dijo que "es necesaria una política de alojamiento y desarrollo urbano".
Como notas positivas, mencionó las modificaciones constitucionales que establecen una cuota del 30 % para las mujeres en la vida pública, la creación de un Consejo Constitucional, la designación de un ministro de los Derechos del Hombre y de la Lucha contra la Extrema Pobreza, así como el descenso de la población de los campamentos de 1,5 millones a 370.000 personas.
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