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Hoteleros plantean elaborar otra norma de acceso a playas

Asonahores: proyecto de ley no ofrece soluciones; creará limbo

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Hoteleros plantean elaborar otra norma de acceso a playas
En Boca Chica negocios impiden el acceso directo al mar. (BAYOAN FREITES/ARCHIVO)

SANTO DOMINGO. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) informó que es partidaria de que se apruebe una normativa para regular el acceso público a las playas, y propuso crear una comisión técnica multisectorial e interinstitucional que elabore un pre proyecto detallado que sustituya al que cursa en el Senado.

Mediante una comunicación y misiva enviada a la dirección de este diario, la organización explica que el diseño de una normativa “no puede ser un ejercicio de escritorios al margen de nuestras realidades económicas, sociales y jurídicas”, por lo que “está lista para colaborar en este proceso”.

Afirma que el comité técnico propuesto debe elaborar “un pre proyecto detallado, que asuma las características geográficas y condiciones de desarrollo de las diferente regiones, no deje espacio a la confusión y cierre las compuertas a las discrecionalidades sin fundamento, que tan negativas experiencias han dejado en nuestro país”.

La nota refiere que la organización no apoya la propuesta que cursa en el Senado, porque “no ofrece una solución adecuada, y por el contrario, creará nuevos y más complejos problemas en este ámbito”.

ASONAHORES asegura que está de acuerdo con que se legisle para organizar este tema, y está en disposición de colaborar para dotar al país de la norma.

“Podemos afirmar que lejos de normar la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas, la aprobación del proyecto crearía un limbo jurídico que resultaría lesivo a los derechos adquiridos y consolidados, y crearía obstáculos innecesarios al sector turismo”, explica la nota.

La asociación puntualiza que el proyecto que cursa en el Senado choca con los artículos 15, 40, 51, 74 y 110 de la Constitución; contradice el Código Civil y desconoce lo que establece la Ley de Registro Inmobiliario sobre la “servidumbre”.

Detalla, además, que contradice los planes de ordenamiento territorial sectorial ya emitidos, los decretos de aprobación de uso de la franja marítima, y carece de especificaciones que ofrezcan soluciones al uso indiscriminado y no regulado de embarcaciones, la contaminación y el desorden generalizado que afecta playas, ríos y lagos.

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