Rechazarían contrato de Icasur para las revistas
España confirmó falsedad de documentos de empresa Icasur
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La comisión especial de la Cámara de Diputados decidirá hoy el destino del contrato de concesión que privatizaría la emisión de las revistas de los vehículos, mientras el Bloque de diputados del PRSC adelantó que rechazará el acuerdo por considerarlo oneroso y sensiblemente perjudicial para la nación.
Mientras, el empresario español Joaquín Alviz, presidente de la Icasur, empresa que se encargaría de la revisión técnica vehicular, solicitó a la comisión especial que estudia el contrato una audiencia, para explicar lo relativo al proyecto.
Tras acusar a los medios de comunicación de publicar "calumnias e injurias", Alviz asegura que las publicaciones se corresponden "con los intereses espurios, corruptos y desalmados de un grupo empresarial, que están detrás nutriendo con falsa información y costeando esas publicaciones".
En su carta al Congreso, acusó directamente al asesor de Obras Públicas, Julio Cury, de estar interesado en destruir su contrato para supuestamente aplicar otro "que de verdad será lesivo para el Estado, ya que con toda seguridad no pasará por la opinión pública ni por el Congreso, pues buscarán un contrato administrativo como hicieron con las licencias".
Lo último de Alviz
Mientras, las autoridades españolas confirmaron las irregularidades en que incurrió Icasur, presentando documentos falsos al Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, para ganar la licitación para la revisión técnica vehicular.
Una nota publicada en el periódico La Prensa Gráfica de El Salvador da cuenta de que Icasur, cuyo administrador único y propietario es Joaquín Alviz Victorio, presentó en mayo de 2000 documentos que supuestamente probaban la capacidad económica de la empresa mediante balances de sumas y saldos, así como de cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa desde los años 1996 hasta 1999.
"Tales informes fueron firmados y certificados por el español Joaquín Arespacochaga Llópiz, quien se hizo pasar por censor jurado de cuentas (auditor), pero quien no ejerce desde 1994, según consta en el proceso civil marcado con el número 38-O-05 en el Tribunal Cuarto de lo Civil de San Salvador.
Según el Ministerio de Economía y Hacienda de España, Arespacochaga está registrado como auditor que ya no ejerce esas funciones. Las sumas presentadas por Icasur y "respaldadas" por Arespacochaga no concuerdan con los datos oficiales manejados por el Registro Mercantil de Madrid, aseguró la fiscalía salvadoreña.
¿Beneficioso?
El Estado tendría que pagar a Icasur una compensación económica equivalente a los precios establecidos en cada año por cada vehículo no revisado hasta la cifra del 60% del parque vehicular. Además, el Estado, en caso que decidiera rescindir el contrato, se vería en la obligación de pagar a la empresa "el importe total de precio de cada revisión en el momento de producirse este hecho, por el número de revisiones no realizadas en los años pendientes hasta la finalización del contrato".
Mientras, el empresario español Joaquín Alviz, presidente de la Icasur, empresa que se encargaría de la revisión técnica vehicular, solicitó a la comisión especial que estudia el contrato una audiencia, para explicar lo relativo al proyecto.
Tras acusar a los medios de comunicación de publicar "calumnias e injurias", Alviz asegura que las publicaciones se corresponden "con los intereses espurios, corruptos y desalmados de un grupo empresarial, que están detrás nutriendo con falsa información y costeando esas publicaciones".
En su carta al Congreso, acusó directamente al asesor de Obras Públicas, Julio Cury, de estar interesado en destruir su contrato para supuestamente aplicar otro "que de verdad será lesivo para el Estado, ya que con toda seguridad no pasará por la opinión pública ni por el Congreso, pues buscarán un contrato administrativo como hicieron con las licencias".
Lo último de Alviz
Mientras, las autoridades españolas confirmaron las irregularidades en que incurrió Icasur, presentando documentos falsos al Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, para ganar la licitación para la revisión técnica vehicular.
Una nota publicada en el periódico La Prensa Gráfica de El Salvador da cuenta de que Icasur, cuyo administrador único y propietario es Joaquín Alviz Victorio, presentó en mayo de 2000 documentos que supuestamente probaban la capacidad económica de la empresa mediante balances de sumas y saldos, así como de cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa desde los años 1996 hasta 1999.
"Tales informes fueron firmados y certificados por el español Joaquín Arespacochaga Llópiz, quien se hizo pasar por censor jurado de cuentas (auditor), pero quien no ejerce desde 1994, según consta en el proceso civil marcado con el número 38-O-05 en el Tribunal Cuarto de lo Civil de San Salvador.
Según el Ministerio de Economía y Hacienda de España, Arespacochaga está registrado como auditor que ya no ejerce esas funciones. Las sumas presentadas por Icasur y "respaldadas" por Arespacochaga no concuerdan con los datos oficiales manejados por el Registro Mercantil de Madrid, aseguró la fiscalía salvadoreña.
¿Beneficioso?
El Estado tendría que pagar a Icasur una compensación económica equivalente a los precios establecidos en cada año por cada vehículo no revisado hasta la cifra del 60% del parque vehicular. Además, el Estado, en caso que decidiera rescindir el contrato, se vería en la obligación de pagar a la empresa "el importe total de precio de cada revisión en el momento de producirse este hecho, por el número de revisiones no realizadas en los años pendientes hasta la finalización del contrato".
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