50 años de promesas perdidas
Más de 13 proyectos se han dado a conocer con el fin de terminar con la marginalidad y el drama que viven alrededor de 250 mil personas que habitan las riberas de los ríos Ozama e Isabela. En la falli
Diario Libre
SANTO DOMINGO. Los fallidos intentos de desalojo para las riberas de los ríos Ozama e Isabela, han colmado los periódicos desde la misma época en que estos espacios comenzaron a poblarse, a finales de los años 50.
Los archivos develan que en 1959, el dictador Rafael Trujillo Molina ordenó al Ayuntamiento del Distrito Nacional elaborar un proyecto para reubicar en el sector de Los Mina a los residentes de los barrios Los Guandules, Guachupita y La Ciénega. Este hecho se concretó, pero como no hubo seguimiento estatal, al poco tiempo, las zonas desalojadas volvieron a poblarse.
Joaquín Balaguer, durante el recordado período de los 12 años, también tomó medidas para despoblar las márgenes del Ozama. Para ello construyó el proyecto habitacional de Las Caobas, cuyos beneficiarios fueron los residentes de los barrios de La Ciénega y La Zurza. Igualmente la iniciativa fracasó, porque la mayoría vendió sus propiedades y retornó al río.
Durante el cuatrienio 1990-1994, Balaguer intentó despejar la zona, cuando emitió los decretos 358-91, 359-91 y el 183-93, mediante los cuales declaró de alto interés nacional "el Plan de Acción Coordinada Interinstitucional para la Reestructuración Social urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que rodean los ríos Ozama e Isabela en la ciudad de Santo Domingo".
Pero sin duda, la época más activa en cuanto a la visualización del saneamiento de las márgenes de estos ríos que cruzan el Gran Santo Domingo llegó a partir del primer período de Leonel Fernández. En 1997, Fernández recorrió la margen de los afluentes y constató el deprimente panorama que se vive allí.
Luego de esas visitas, instruyó a reformular el proyecto de Rescate Urbano, Social y Ecológico del Ozama y sus entornos (Resure). Este programa contemplaba el saneamiento y reubicación de 12 mil familias que habitaban en nueve barrios. El Resure se inició con la construcción de 450 viviendas, que nunca fueron terminadas.
Entonces vino el aporte de los comunitarios, a través del Plan Cigua, que perseguía mejorar el entorno urbano con el apoyo del gobierno local, sin la necesidad de desalojar a los habitantes.
En el 1998, el Gobierno anunció a través del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) el desalojo de 1,500 viviendas en zonas del río Ozama. Serían trasladadas para Hainamosa y Manoguayabo. Así llegó en el 1999 un ambicioso plan que pretendía movilizar a 250,000 personas de las márgenes Este y Noroeste de los ríos Ozama e Isabela, con el objetivo de construir una avenida y recuperar la ecología de las dos corrientes de agua. Pero todo quedó en anuncios.
En el nuevo milenio
Los proyectos continuaron con la llegada de Hipólito Mejía a la Presidencia en el año 2000, quien en el mismo discurso de toma de posesión prometió la construcción de 10 mil viviendas para sanear el río.
En ese gobierno también se despertó el interés privado por liberar estas márgenes con propuestas millonarias. Una de las más sonadas fue la oferta del consorcio alemán Southern Cross (Cruz del sur), que contemplaba la construcción de 23 mil viviendas, limpieza de los ríos y construcción de una planta de tratamiento.
En julio de 2001, el gobierno firmó un contrato para la construcción de 12,000 viviendas y la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental de los ríos Ozama e Isabela que tendría un costo de US$368 millones.
El acuerdo fue suscrito con los consorcios italianos Autoridad Portuaria de Livorno y el Río Ozama (Seas-Conesca) con la ejecución financiera de Abira Financia Associated Limited. Incluía la construcción de una ciudad a la cual llamarían Ciudadela San Luis, así como zonas francas, escuelas, colegios y canchas deportivas; también la remodelación del área de Sans Soucí. Este proyecto nunca se concretó porque el Senado lo rechazó por considerarlo oneroso para el Estado.
En el 2002, el Gobierno formalizó una petición de asistencia técnica-financiera a la Comunidad Autónoma de Cataluña para la ejecución de un proyecto de desarrollo urbano-turístico en la margen oriental del Río Ozama por RD$200 millones. Consistía en el saneamiento del río y de los barrios de Maquiteria, Villa Duarte y Los Mameyes. Como parte del plan se proyectó la construcción de un paseo ribereño que cruzaría detrás de Molinos Dominicanos hasta Sans Soucí, levantar empresas de ventas de artesanías, restaurantes, teatros y el saneamiento del Ozama para practicar deportes.
En el pasado gobierno de Fernández (2004-2008) se habló de retomar el plan Resure, pero nuevamente cayó en un limbo. El Gobierno comenzó la construcción de una vía perimetral en el río Isabela que terminaría en el Ozama con el fin de liberar esa zona del hacinamiento en que está sepultada. La vía está detenida desde hace casi de un año.
Días antes de la tragedia de Guachupita, en que murieron ocho personas bajo un alud, los síndicos de Santo Domingo Norte, Este y del Distrito Nacional anunciaron que harían esfuerzos para sanear el río, con desalojo y todo. Se prometió reubicar en una primera etapa a 1,000 familias.
Los planes de reubicación afloran cada vez que ocurre una tragedia en uno de estos barrios o cuando los vecinos están inundados.
Atribuyen fracasos a falta de sintonía con la gente
Para el director del Centro de Estudios Juan Montalvo, Mario Serrano, estos planes han fracasado porque no han buscado una solución integral del problema.
"Lo que habido por lo general de parte de los distintos gobiernos es una propuesta que se ha quedado en lo mediático, más que en una implementación global e integral", sostiene.
A juicio del ex director del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), Emilio Brea, uno de los mayores errores en las intenciones de reubicar a estas personas ha sido la falta de coordinación entre las instituciones estatales. El arquitecto urbanista, considera que hasta que el Conau, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Nacional de las Vivienda no aúnen esfuerzos, la problemática no tendrá solución viable.
Otro tema a considerar es la integración de las personas residentes en estos lugares. Explica que existe un arraigo de las personas con su entorno y con la proximidad a sus centros de trabajo. Para su reubicación, apunta, se tendría que garantizar que en las zonas a reubicar estén cubiertas las necesidades de movilidad laboral, electricidad, servicios sanitarios, centros educativos y recreativos.
El director de Ciudad Alternativa, Román Batista, coincide en este planteamiento y señala que los planes contemplados para la reubicación de familias en las zonas vulnerables se hacen siempre a espaldas de su realidad.
Dice que no existe un lazo entre estos planes y la realidad de estas comunidades, lo que los convierte en propósitos "elitistas", alejados de las verdaderas necesidades de las personas que buscan ayudar. Indica que lo primero es conocer cuántas de las alrededor de 250 mil personas que viven en estas zonas, según el censo 2002, deben ser reubicadas y cuáles pueden permanecer en los barrios ya constituidos.
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Los archivos develan que en 1959, el dictador Rafael Trujillo Molina ordenó al Ayuntamiento del Distrito Nacional elaborar un proyecto para reubicar en el sector de Los Mina a los residentes de los barrios Los Guandules, Guachupita y La Ciénega. Este hecho se concretó, pero como no hubo seguimiento estatal, al poco tiempo, las zonas desalojadas volvieron a poblarse.
Joaquín Balaguer, durante el recordado período de los 12 años, también tomó medidas para despoblar las márgenes del Ozama. Para ello construyó el proyecto habitacional de Las Caobas, cuyos beneficiarios fueron los residentes de los barrios de La Ciénega y La Zurza. Igualmente la iniciativa fracasó, porque la mayoría vendió sus propiedades y retornó al río.
Durante el cuatrienio 1990-1994, Balaguer intentó despejar la zona, cuando emitió los decretos 358-91, 359-91 y el 183-93, mediante los cuales declaró de alto interés nacional "el Plan de Acción Coordinada Interinstitucional para la Reestructuración Social urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que rodean los ríos Ozama e Isabela en la ciudad de Santo Domingo".
Pero sin duda, la época más activa en cuanto a la visualización del saneamiento de las márgenes de estos ríos que cruzan el Gran Santo Domingo llegó a partir del primer período de Leonel Fernández. En 1997, Fernández recorrió la margen de los afluentes y constató el deprimente panorama que se vive allí.
Luego de esas visitas, instruyó a reformular el proyecto de Rescate Urbano, Social y Ecológico del Ozama y sus entornos (Resure). Este programa contemplaba el saneamiento y reubicación de 12 mil familias que habitaban en nueve barrios. El Resure se inició con la construcción de 450 viviendas, que nunca fueron terminadas.
Entonces vino el aporte de los comunitarios, a través del Plan Cigua, que perseguía mejorar el entorno urbano con el apoyo del gobierno local, sin la necesidad de desalojar a los habitantes.
En el 1998, el Gobierno anunció a través del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) el desalojo de 1,500 viviendas en zonas del río Ozama. Serían trasladadas para Hainamosa y Manoguayabo. Así llegó en el 1999 un ambicioso plan que pretendía movilizar a 250,000 personas de las márgenes Este y Noroeste de los ríos Ozama e Isabela, con el objetivo de construir una avenida y recuperar la ecología de las dos corrientes de agua. Pero todo quedó en anuncios.
En el nuevo milenio
Los proyectos continuaron con la llegada de Hipólito Mejía a la Presidencia en el año 2000, quien en el mismo discurso de toma de posesión prometió la construcción de 10 mil viviendas para sanear el río.
En ese gobierno también se despertó el interés privado por liberar estas márgenes con propuestas millonarias. Una de las más sonadas fue la oferta del consorcio alemán Southern Cross (Cruz del sur), que contemplaba la construcción de 23 mil viviendas, limpieza de los ríos y construcción de una planta de tratamiento.
En julio de 2001, el gobierno firmó un contrato para la construcción de 12,000 viviendas y la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental de los ríos Ozama e Isabela que tendría un costo de US$368 millones.
El acuerdo fue suscrito con los consorcios italianos Autoridad Portuaria de Livorno y el Río Ozama (Seas-Conesca) con la ejecución financiera de Abira Financia Associated Limited. Incluía la construcción de una ciudad a la cual llamarían Ciudadela San Luis, así como zonas francas, escuelas, colegios y canchas deportivas; también la remodelación del área de Sans Soucí. Este proyecto nunca se concretó porque el Senado lo rechazó por considerarlo oneroso para el Estado.
En el 2002, el Gobierno formalizó una petición de asistencia técnica-financiera a la Comunidad Autónoma de Cataluña para la ejecución de un proyecto de desarrollo urbano-turístico en la margen oriental del Río Ozama por RD$200 millones. Consistía en el saneamiento del río y de los barrios de Maquiteria, Villa Duarte y Los Mameyes. Como parte del plan se proyectó la construcción de un paseo ribereño que cruzaría detrás de Molinos Dominicanos hasta Sans Soucí, levantar empresas de ventas de artesanías, restaurantes, teatros y el saneamiento del Ozama para practicar deportes.
En el pasado gobierno de Fernández (2004-2008) se habló de retomar el plan Resure, pero nuevamente cayó en un limbo. El Gobierno comenzó la construcción de una vía perimetral en el río Isabela que terminaría en el Ozama con el fin de liberar esa zona del hacinamiento en que está sepultada. La vía está detenida desde hace casi de un año.
Días antes de la tragedia de Guachupita, en que murieron ocho personas bajo un alud, los síndicos de Santo Domingo Norte, Este y del Distrito Nacional anunciaron que harían esfuerzos para sanear el río, con desalojo y todo. Se prometió reubicar en una primera etapa a 1,000 familias.
Los planes de reubicación afloran cada vez que ocurre una tragedia en uno de estos barrios o cuando los vecinos están inundados.
Atribuyen fracasos a falta de sintonía con la gente
Para el director del Centro de Estudios Juan Montalvo, Mario Serrano, estos planes han fracasado porque no han buscado una solución integral del problema.
"Lo que habido por lo general de parte de los distintos gobiernos es una propuesta que se ha quedado en lo mediático, más que en una implementación global e integral", sostiene.
A juicio del ex director del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), Emilio Brea, uno de los mayores errores en las intenciones de reubicar a estas personas ha sido la falta de coordinación entre las instituciones estatales. El arquitecto urbanista, considera que hasta que el Conau, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Nacional de las Vivienda no aúnen esfuerzos, la problemática no tendrá solución viable.
Otro tema a considerar es la integración de las personas residentes en estos lugares. Explica que existe un arraigo de las personas con su entorno y con la proximidad a sus centros de trabajo. Para su reubicación, apunta, se tendría que garantizar que en las zonas a reubicar estén cubiertas las necesidades de movilidad laboral, electricidad, servicios sanitarios, centros educativos y recreativos.
El director de Ciudad Alternativa, Román Batista, coincide en este planteamiento y señala que los planes contemplados para la reubicación de familias en las zonas vulnerables se hacen siempre a espaldas de su realidad.
Dice que no existe un lazo entre estos planes y la realidad de estas comunidades, lo que los convierte en propósitos "elitistas", alejados de las verdaderas necesidades de las personas que buscan ayudar. Indica que lo primero es conocer cuántas de las alrededor de 250 mil personas que viven en estas zonas, según el censo 2002, deben ser reubicadas y cuáles pueden permanecer en los barrios ya constituidos.
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