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Embajador Aníbal de Castro refuta artículo de The Economist

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Embajador Aníbal de Castro refuta artículo de The Economist

El Embajador dominicano en Washington, Don Aníbal de Castro, envió una nota aclaratoria a la revista The Economist, en uno de cuyos blogs se había tratado el tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana. A continuación, la traducción de la nota de la Embajada dominicana en Washington:

SIR - Su artículo publicado en línea, "Sin Estado en Santo Domingo" afirma erróneamente que la República Dominicana ha cambiado recientemente su política de ciudadanía, que implica que los hijos de padres haitianos ilegales han sido objeto de ataques deliberados y discriminatorios.

Sin embargo, los principios que rigen las reglas de ciudadanía de la República Dominicana han estado en vigor desde 1929. A partir de ese año, el principio de jus soli contenidos en la Constitución de la República Dominicana ha sido calificada por el párrafo 1, artículo 11, que excluye de adquirir la nacionalidad dominicana a los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en misiones diplomáticas o en tránsito.

La Suprema Corte Justicia de la República Dominicana ha dictaminado en varias ocasiones sobre el tema de los hijos de inmigrantes ilegales, cualquiera que sea su origen, lo que confirma que si los hijos de padres legalmente en tránsito están excluidos de forma automática la adquisición de la nacionalidad, los hijos de aquellos que no pueden justificar su entrada legal o estancia en el país no puede beneficiarse de un mejor derecho. Sin embargo, a pesar de su afirmación a lo contrario, lo apátrida no está en cuestión aquí. Dado que el artículo 11 de la Constitución haitiana establece que "Toda persona nacida de padre haitiano o de madre haitiana que quienes a su vez son haitianos de origen y que nunca han renunciado a su nacionalidad posee la nacionalidad haitiana en el momento del nacimiento," las personas nacidas en territorio dominicano de padres haitianos no son apátridas.

La Suprema Corte de Justicia de La República Dominicana, también se ha pronunciado para afirmar la legalidad de las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral Dominicana desde el año 2007 para detectar y corregir el elevado número de irregularidades que plagaban el Registro Civil. Esta urgente tarea se hace más ardua por las debilidades amplias que afectaban el proceso de registro. Esto han generado una serie de situaciones ilegales y potencialmente peligrosas, desde el uso por jugadores de béisbol de certificados fraudulentos de nacimiento para ocultar su verdadera edad, hasta criminales que han adquirido identidades múltiples a través de documentos falsificados. También han enmascarado anteriores irregularidades en la expedición de certificados de nacimiento a los hijos de padres extranjeros que han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana.

La Junta Central Electoral tiene el mandato de investigar las presuntas irregularidades en el Registro Civil y los someterán al escrutinio de los tribunales. La investigación, y la futura posible anulación, de un documento de registro civil, tales como un certificado de nacimiento, no contraviene la legislación nacional. Ni viola los compromisos internacionales de derechos humanos contraídas por la República Dominicana, si los afectados tienen derecho a una nacionalidad diferente. Como parte de su mandato de transparencia, la Junta Central Electoral evaluó, por petición de una ONG local, una serie decisiones de suspender, en espera de investigación, la emisión de copias de certificados de nacimiento. El número de casos presentados a la Junta fue de 120, no 457. De estos, 80 han sido contestadas y 20 regresadas a los peticionarios, debido a la falta de documentación suficiente.

No se puede pedir a La República Dominicana asumir las consecuencias de las graves deficiencias que aquejan al Registro Civil de Haití. Ni tampoco se puede esperar, como en efecto se ha dicho en muchos de los comentarios provocados por su publicación, que se soportare el peso de los costos humanos y económicos de la grave situación que enfrenta el pueblo haitiano, para la cual no ven una solución mejor que emigrar a través de una frontera muy porosa a la República Dominicana.

Aníbal de Castro

Embajador

Embajada de la República Dominicana

Washington, DC