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Anonymous RD Pena mínima y oportunidad a jóvenes

Como parte de una operación investigativa llamada Unmask, la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, junto a las autoridades de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Policía arrestaron a seis hackers, vinculados a la red Anonymous, entre ellos dos menores de edad a quienes se les acusa de hackear (manipular o atacar) las páginas en Internet o paginas web de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación, causando pérdidas millonarias, tras señalar que con relación de la DGII, los pagos se atrasaron en esa institución durante el período de tiempo en el que el portal estuvo fuera de servicio. Encontraron en los allanamientos de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago laptops, memorias USB, modems, routers y celulares con conexión a Internet que forman parte de las pruebas que incriminan a los detenidos.

Sin lugar a dudas que los hechos delictivos en los que incurrieron los jóvenes merecen una sanción, pero la misma no debe ni puede ser desproporcionada, todo delito electrónico tiene diversos grados de penas, dependiendo de la acción, implicación, etc. pues no tienen el mismo castigo un delito electrónico para robar identidad, fraudes bancarios, etc., que deshabilitar unas paginas web en el marco de una lucha de reivindicación social, que jamás justifica el uso de medios ilegales, pero que debe considerarse al momento de evaluar las sanciones a las que se someterán esos jóvenes, que son genios criollos de la informática, mentes brillantes con amplia formación en redes y programación, conocimientos pocos comunes y escasos en un país carente de oportunidades para la juventud dominicana.

A esos jóvenes debemos darle una pena mínima para que aprendan la lección, pero evitar condenarlos a una pena que los lleve ha convertirse en delincuentes profesionales en un sistema carcelario que no logra la reinserción de los reclusos. Debemos hacer como en Estados Unidos, donde a los hackers y a quienes cometen delitos electrónicos, se les aplica una pena mínima, para luego de cumplirla contratarlos en agencias del gobierno e importantes empresas privadas.

Nuestro Estado funciona para apresar y rápidamente encarcelar a esos jóvenes que cometieron un error, pero el mismo Estado se hace cómplice del delito de cuello blanco que es mucho más grave y más lacerante para nuestra sociedad.

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