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Diputados advierten a Unicef que legislan en sintonía con la población

Afirman que consultaron varios sectores, incluida la Unicef

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Diputados advierten a Unicef que legislan en sintonía con la población
Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados.

Santo Domingo. La representante local del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), María de Jesús Conde, fue consultada en dos ocasiones por la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sobre las modificaciones al Código del Menor.

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y el titular de la comisión de justicia, Demóstenes Martínez, explicaron que el hecho de que las recomendaciones o sugerencias que hizo el organismo internacional no fueran acogidas, no significa que no fueron consultados al respecto.

El presidente Martínez dijo están legislando en sintonía con lo que la población está reclamando y que nunca se han aprobado iniciativas sin consultar a los diversos sectores de la sociedad, que demandan sanciones más drásticas para los menores que incurren en crímenes graves.

Puso de ejemplo del caso de los menores que asesinaron a siete taxistas con premeditación, utilizando torturas horrorosas como obligarlos a ingerir ácido, actuando peor que si fueran adultos.

"Tenemos que ser drásticos con la delincuencia, sea quien sea que la cometa, adultos o menores, pues las víctimas son siempre personas de trabajo, honestas, de nuestra sociedad que necesitan que los protejamos, castigando a quienes cometen hechos deleznables y que merecen todo nuestro repudio y rechazo" , expresó.

Sorpresa en la Comisión

Explicó el diputado Demóstenes Martínez que en dos ocasiones Conde se reunió con la comisión para exponer sus puntos de vista sobre las reformas al Código.

"Lo que sucede es que para UNICEF, cuando un menor comete un crimen, el menor es la víctima, pero nosotros nos preguntamos qué sucede con la persona agraviada que muchas veces resulta muerta, violada, secuestrada y sus familiares", manifestó.

El representante de Santiago expuso que la modificación de un Código es un elemento disuasivo en cuanto aumenta las penas criminales, para que el menor desista de cometer los hechos delictivos.

Entiende que es al Estado Dominicano al que corresponde implementar las políticas que considere de lugar para enfrentar los problemas que aquejan a su población.

Señaló que los cambios al Código del Menor sólo agravan las penas en casos criminales como homicidios, violaciones sexuales, secuestros, robos agravados, trafico de drogas, casos para los que se plantea una condena de 15 años.

Refirió que Chile y Costa Rica son signatarias de la Convención para la protección de los niños y ambas naciones han establecido penas de 16 y 15 años, respectivamente a los menores que incurren en crímenes.

Además, explicó que con los cambios al Código del Menor no se viola esta Convención que establece en su artículo 37: "El Estado tiene la obligación de velar para que ningún niño sea sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. No se puede imponer la pena capital ni la prisión perpetua a ningún niño. Ningún niño será privado de su libertad arbitrariamente, y esta medida se utilizará tan sólo como último recurso. Si un niño es privado de libertad será tratado con humanidad y respeto, y siempre de acuerdo con las necesidades de su edad; estará separado de los adultos y podrá mantener contactos con su familia y tendrá derecho a una asistencia legal y de cualquier otro tipo que sea adecuada".

Tras reiterar que el estudio del Código no se hizo a la carrera, ni a espaldas de los organismos nacionales e internacionales involucrados con el tema de la niñez, agregó que ese artículo de la Convención no limita a los Estados a establecer las leyes que entienda para enfrentar un mal que afecta su sociedad.

"Nosotros tenemos ya dos años estudiando el Código del Menor, se consultaron entidades como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la asociación de Psiquiatría, el Colegio Médico, Colegio de Psicólogos, la Suprema Corte de Justicia, Niños con Don Bosco, la Policía Nacional, entre otros. Y además tomamos en cuenta los acuerdos internacionales que protegen a los menores", concluyó.

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