Justicia|16 nov 2012, 12:00 AM|2|POR Federico Méndez

Archivan caso de once inspectores y 3 militares

La Fiscalía solicitó al tribunal que disponga el cese de las medidas de coerción en contra de los imputados
Fueron acusados de extorsión.

SANTO DOMINGO. La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, dispuso la extinción de la acción penal pública en contra de once inspectores de Migración y tres militares del Ejército Nacional, acusados de presunta extorsión en perjuicio de haitianos indocumentados.

La magistrada adoptó la decisión, luego de que la Fiscalía del DN dispuso el archivo definitivo del expediente.

Asimismo, acogió una petición del Ministerio Público y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesan en contra de los imputados por el caso.

El fiscal Moisés Cordones apoderó al tribunal a los fines de homologar el acto conclusivo del Ministerio Público.

Argumentó que los testigos que debían declarar sobre las alegadas extorsiones durante redadas no fue posible localizarlos, lo que hace imposible reunir los elementos de pruebas suficientes para perseguir penalmente a los investigados por el expediente.

Establece que en ese sentido, artículo 281 numeral 5 del Código Procesal Penal faculta al MP a adoptar la decisión.

Los inspectores de Migración excluidos de responsabilidad penal en torno al caso son Cristian Bernardo Sánchez Gómez, Johnny Danilo Martínez, Benito Medrano Méndez, Luis Nery Lorenzo, Martín Simeón Jiménez Ortiz, Anderson Bautista, Johan Alexander Berroa Valera, Luis Alberto Mojica Rodríguez, Bolívar Patricio Pepén de Jesús, Porfirio Escotto y el supervisor Rafael Antonio de la Rosa Balbuena.

También el capitán del Ejército Nacional, Silvestre Mateo Mojica y los sargentos Tomás Duarte Rosario y Pedro Lorenzo Díaz.

El grupo fue detenido el 27 de octubre del 2011, durante un operativo realizado por la Fiscalía del Distrito Nacional en la sede de la Dirección de Migración, luego de recibir denuncias de que supuestamente extorsionaron a decenas de haitianos tras apresarlos, libertándolos tras alegadamente pagar dinero exigido.

La jurisdicción de Atención Permanente del Distrito impuso medidas de coerción en contra de diez imputados y la libertad pura y simple de los otros.

La conclusión

El fiscal adjunto del Distrito Nacional, Moisés Cordones, elevó una instancia a la jurisdicción de la Instrucción donde solicita ordenar el archivo del expediente, declarando extinguida la acción penal.

En la misma plantea los argumentos por los cuales el Ministerio Público no presentará acusación en contra de los imputados en el expediente. El MP tenía un plazo de seis meses para solicitar apertura a juicio o descartar esa posibilidad.

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