AIRD pide en tribunal revocar permisos a 7 empresas frontera

SD. Formalmente, la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) solicitó, mediante medida cautelar al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, la revocación de las autorizaciones de operación de siete empresas bajo el régimen de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que establece la Ley 28-01.

Sin embargo, la audiencia de ayer fue aplazada por la magistrada Delfina Amparo, presidenta del Tribunal, que la reubicó para el próximo lunes 6 de febrero, acogiendo una petición de los abogados de la defensa, que solicitaron tiempo para reunir las pruebas de sus alegatos.

Las empresas envueltas en el litigio son: Vaperdy, SRL; Industria Licorera La Altagracia, SRL; Maiberil International, SRL; Yoseplastc, SRL; Saerat Investment SRL; R. V. Steel, SRL y Puerto Copello, SRL, cuyos permisos, la AIRD considera violatorios a la ley.

El problema se origina porque la Ley 28-01 y su reglamento establecen, entre otros, que las empresas o proyectos que se acojan a este régimen tendrán exonerado el 100% del impuesto sobre la renta, el ITBIS, los impuestos de exportación, incluyendo el arancel. De acuerdo con Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, estas exenciones crean competencia desleal con las empresas establecidas en otras zonas del país.

Empero, José Sánchez Payano, gerente general de Industria La Altagracia, que produce ron de caña, asegura que "no estamos violando nada, porque se trata de una ley".

Favorece revisen ley

Consultado sobre este conflicto, el especialista en derecho comercial, Luis Rafael Pellerano, consideró: "Yo creo que lo que pasa ahí jurídicamente es que se ha dado una situación de competencia desleal en cierto sentido no intencionada, donde en su momento, el Estado, tratando de incentivar la región fronteriza creó una ley con incentivos fiscales, la cual al aplicarse le creó un beneficio particular a las empresas que están en la zona fronteriza en desmedro de las que no están". Consideró que el Estado debe abocarse a una revisión de la ley para corregir la distorsión, pero reconociendo el derecho adquirido de las empresas.

Diario Libre