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La extensión desaparece de los campos de RD

La falta de recursos, de equipos y del personal, que muchas veces se emplea en asuntos administrativos, imposibilita al Gobierno el envío de técnicos a las fincas para asesorar a los productores.  Por Tania Molina. Redactora Senior 


El servicio de extensión, ese asesoramiento técnico que debe ofrecer el Estado a los productores del campo, va en desaparición. Con excepción de algunos programas especiales que se ejecutan gracias a la cooperación internacional, pocos son los técnicos agrarios que se desplazan por los predios agrícolas para orientar a los campesinos sobre cómo lograr cosechas más productivas.

Los agricultores han quedado a merced de las empresas de agroquímicos que, como parte de su estrategia para vender sus productos, visitan las plantaciones y recomiendan algún insumo, siempre de su catálogo.

Toribio Primitivo Belliard, un agricultor de 65 años de edad, que se dedica a la siembra de arroz en los campos de Montecristi, así lo confirma.

"Por aquí no ha venido nunca nadie del Gobierno. Yo duré más de ocho años sembrando arroz en la parcela, y no vino nunca nadie a decir o asesorar a uno", comenta. Además de la parcela, dice que dedicó toda su vida a la siembra en conuco, en la que se inició desde niño con su padre.

Esa falta de técnicos en el campo la reconocen los encargados del servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura y del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Martínez Pujols y Fausto Monegro Ramos, respectivamente.

Martínez Pujols, director de Extensión y Capacitación Agropecuaria, admite que la asesoría a los agricultores ha sido precaria y que no se han visto resultados de ella. Lo atribuye a que la extensión en el país se basa en un modelo antiguo de capacitación y visitas sin control. "Un día se va a un sitio, luego a otro y no se vuelve a donde el primero y, entonces, no se puede medir resultados", dice.

Indica que una extensión de calidad requiere al menos una visita al campo por semana, cosa que, admite, no ocurre. Las visitas, según detalla, dependen de las características del terreno: si tiene o no carretera; y de las condiciones del extensionista: si tiene o no medios de transporte".

En el IAD, la situación no es distinta. La entidad tiene alrededor de 550 asentamientos campesinos. En cada uno debe haber un técnico agropecuario que visite el campo por lo menos una vez a la semana.

"Eso no se hace, pues la condiciones laborales ahora no son las mejores para los técnicos que van al campo. Hace años que no se compran motocicletas para que puedan ir allá y tienen que ir en condiciones no buenas, a veces en motoconcho, y en otros casos, se les complica mucho", dice Monegro Ramos, sub-director y coordinador Interinstitucional del IAD.

Carencias

Martínez Pujols resume la situación del servicio de extensión en un rosario de faltas. "Aquí falta inversión del Estado, falta seguimiento, faltan incentivos económicos a los agrónomos y falta personal calificado". Cita como ejemplo el presupuesto que maneja su oficina, que, de RD$800 millones al año a que aspiran, apenas reciben RD$200 millones.

Tanto Pujols como Monegro Ramos consideran, sin embargo, que ahora la situación será distinta, pues sus superiores, el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, y el director del IAD, Radhamés Valenzuela, tienen interés de mejorar el servicio, y mencionan una serie de planes, algunos en carpeta y otros en ejecución. Como un gran paso de avance refieren que el presidente Danilo Medina incrementó el presupuesto de Agricultura, de RD$8,000 millones en 2012, a unos RD$11,000 millones para este año.

Pero el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, cuestiona que la mayor cantidad de empleados de las entidades dominicanas que dan extensión, sea administrativo. Refiere las recomendaciones del Banco Mundial, que sugiere tener tres técnicos por cada personal administrativo. "Pero en República Dominicana es al revés. Por cada técnico hay cuatro o cinco de apoyo administrativo (…) El dinero se está yendo en clientelismo político". Afirma que "en los últimos 30 años se ha deteriorado el servicio de extensión y ha desaparecido de las fincas de los agricultores".

Los propios funcionarios del IAD y Agricultura evidencian la distorsión.

Monegro Ramos indica que en el IAD existen alrededor de 800 profesionales agrícolas. Su nómina es superior a las 2,500 personas. Esa entidad consta de 14 gerencias a nivel nacional y unas 30 subgerencias. Cada oficina, según explica, funciona como un pequeño IAD, con las mismas unidades y departamentos que su sede principal.

Martínez Pujols, de su lado, calcula que de unos tres mil agrónomos que tiene contratado el Ministerio de Agricultura, mil son extensionistas (técnicos que ofrecen servicios en el campo).

"Los dos mil restantes están en servicios especializados en los departamentos, en labores administrativas, y una parte importante está inhabilitada".

Se calcula que la cantidad de agrónomos que trabaja para el Estado es de unos 10 mil.

Otra entidad estatal que ofrece servicio de extensión es el Banco Agrícola, que tiene unos 250 técnicos agropecuarios. Como señala el agricultor Milcíades Veras, esta entidad envía cada semana un técnico a visitar sus plantaciones de arroz (de unas 40 tareas), pero más que asesoramiento sobre cómo sembrar, el perito busca evidencias de que se está realizando el trabajo que justifique el préstamo que le hace el banco.

Según el Registro Nacional de Productores Agropecuarios que realizó el Ministerio de Agricultura, en 1998, en el país existen 244 mil fincas. Pero Martínez Pujols considera que para entonces hubo un subregistro, y que en la actualidad hay unas 500 mil fincas. Para comprobarlo, Agricultura tiene en agenda realizar un nuevo censo agropecuario este año. Conforme los datos del 1998, había 30.9 millones de tareas de tierra en uso, 17 de ellos dedicados a la pecuaria y los 13.9 restantes a la agricultura. Del total de fincas, el 64% eran de categoría pequeña, el 36% mediana y el 3.6% grande.

Planes de recuperación del sector

A fin de mejorar el servicio que se ofrece en los campos, desde el Ministerio de Agricultura se ejecutan proyectos pilotos de ayuda y transferencia de tecnología, que incluyen visitas regulares a las fincas, a los hogares de los productores y se trabaja en las asociaciones para convertirlas en pequeñas empresas.

Uno de ésos es el Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA), que se ejecuta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US$61.11 millones. De ese monto, US$6.11 millones es contrapartida nacional, según se explica en la página web del PATCA.

En Azua se trabaja un proyecto piloto con 600 productores, a los que se les asignó 12 extensionistas y 3 especialistas para asistir en la producción, y en Barahona se ejecuta otro proyecto similar de Desarrollo Rural. Ambos son financiados con recursos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), respectivamente.

A nivel macro, el Gobierno Central tiene identificados el financiamiento, seguro agrícola y propiedad de la tierra, como los tres problemas estructurales del sector. En tal sentido, en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016 se plantean varias líneas estratégicas, entre las que se encuentran reformar la institucionalidad del sector; implementar la zonificación del cultivo; impulsar la investigación, innovación y desarrollo tecnológico; y el desarrollo de servicios financieros que faciliten la capitalización y tecnificación de las unidades de producción agropecuaria.

El plan, que se sustenta en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) tiene como metas prioritarias la expansión del crédito agropecuario a RD$40,000 millones; inyección de capital al Banco Agrícola para financiar a los productores con un interés de 4% menos que la tasa del mercado, y sin necesidad de garantía para montos menores de RD$50 mil.

También la implementación del programa Pro-rural en once provincias de las regiones sur, sureste y noroeste; beneficiar a 600 campesinos con la implementación de un proyecto piloto de Unidad de Servicio de Desarrollo Agropecuario e iniciar un programa masivo de titulación de tierras a los productores agrícolas. La meta del presidente Danilo Medina es de 150 mil nuevos inmuebles titulados en cuatro años.