Sociedad|10 mar 2013, 12:52 PM|5|POR Miguel Cruz Tejada

Obama nomina abogado dominicano para secretario de Trabajo de Estados Unidos

Tomás Pérez podría enfrentar oposición de senadores republicanos
NUEVA YORK.- El presidente Barack Obama nominó al abogado  de origen  dominicano Tomás Pérez para el importante cargo de secretario de Trabajo de los Estados Unidos. Pérez, es actualmente el encargado de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia desde el 2009.

El jurista dominicano podría enfrentar la oposición de algunos senadores republicanos en el Senado, debido a las críticas que le han hecho por sonados casos de impugnaciones a legislaciones estatales contra los inmigrantes como en Arizona y la discriminación a votantes de minorías en Texas y Carolina del Sur.

Pérez, de 51 años, fue el primer latino en ser nombrado secretario de Trabajo en el estado de Maryland y se espera que reciba el apoyo de organizaciones comunitarias liberales y poderosos sindicatos del país que desean verse representados en el importante ministerio federal.

Su selección oficial podría definirse este lunes 11 de marzo, aunque no se ha hecho el anuncio oficial en la Casa Blanca.

Matt Lehrich, portavoz del gobierno rehusó comentar respecto a la nominación de Pérez. De confirmarse finalmente su nombramiento en el Senado, Pérez sustituirá a la mexico americana Hilda Solís, quien renunció a la posición en enero de este año para volver a prácticas privadas en California.

El abogado dominicano fue el primer latino electo para el Consejo Municipal en Maryland donde ejerció entre el 2002 y el 2006.

Pérez fue confirmado sin obstáculos por el Senado cuando Obama lo propuso para dirigir la División de Derechos Civiles en el Departamento de Justicia, pero enfrentó severas críticas de los republicanos por su papel en persuadir a la alcaldía de la ciudad de Saint Paul en Minnesota para que retirara una demanda sometida a la Corte Suprema a cambio de que el Departamento de Justicia se abstuviera de abrir dos juicios contra esa ciudad y en los que se pudo haber ordenado al gobierno de Washington pagar millones de dólares por daños y perjuicios.
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