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Fundación Justicia pide respetar sentencia del Constitucional sobre nacionalidad

Rechaza ley de amnistía y asegura sería violatoria a la Constitución y al propio dictamen

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Fundación Justicia pide respetar sentencia del Constitucional sobre nacionalidad
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini
SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió a todos los sectores acatar y respetar las disposiciones del Tribunal Constitucional, al considerar que esa es la única entidad Estatal facultada constitucionalmente para dictar sentencias con valor vinculantes para todos los poderes públicos.

Al fijar su posición sobre la sentencia del alto tribunal, que fija y aclara los criterios para acceder a la nacionalidad dominicana, la FJT cree que no es momento de escandalizarse y que independientemente del acuerdo o desacuerdo que se tenga del dictamen, se debe respetar, para preservar la institucionalidad.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, considera que hay que procurar viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los derechos humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para todos los involucrados.

En una comunicación de prensa, Potentini reconoció el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, que a su juicio posee profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas, por lo que propuso modificar y habilitar de urgencia la ley 1683 sobre naturalización para dar repuesta de manera focalizada a los miles de casos de personas que han sembrado raíces por décadas en el país, además de estar provistos de documentos que le dan la presunción de nacionales dominicanos, entre otros requerimientos a considerar.

Asimismo, la entidad informo que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para ser depositado la próxima semana en el Congreso Nacional, para modificar la ley no. 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948, a los fines de flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria y sin ningún costo para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad constitucional al amparo de la sentencia referida.