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Reservas administrará los peajes por 30 años

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina sometió a la Cámara de Diputados un contrato de Fideicomiso suscrito entre el Estado dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas, en calidad de fideicomitente y fideicomisario y la Sociedad Fiduciaria Reservas S.A. en calidad de fiduciaria, para la constitución del "Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana".

El objetivo es crear un mecanismo sostenible que asegure la operación, el mantenimiento y la expansión de la Red Vial Principal del país, a través de una gestión transparente, que permita al país desarrollar y mantener una infraestructura vial eficiente para elevar su productividad y el nivel competitivo de la industria, el comercio y la agricultura.

"Para cumplir con el objeto, el Estado transferirá y afectará, de manera irrevocable, por el plazo de 30 años los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos provenientes de los mismos, los cuales de conformidad con la Ley 278-72, están especializados para el mantenimiento, reparación y construcción de autopistas, carreteras y puentes", expresa la carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez.

En la carta anexa al proyecto enviada por el mandatario se explica que el fideicomiso se constituye de conformidad con la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario. Bajo el contrato, la Fiduciaria Reservas queda facultada para gestionar y contratar endeudamiento o financiamientos, en el mercado local y en el extranjero, por cuenta y a nombre del Fideicomiso RD Vial, con cargo al patrimonio de éste, conforme a los lineamientos previamente dados por el Comité Técnico, bajo el entendido de que esos financiamientos y sus respectivas garantías no podrán pactarse en ningún caso más allá del plazo de la duración del Acuerdo.

Los endeudamientos que contraiga la fiduciaria se garantizarán y pagarán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Vial, y en ningún caso se presumirá una garantía soberana o aval del Estado dominicano.