Las gobernaciones recibirán solicitudes de extranjeros que se acojan al Plan de Regularización

SANTO DOMINGO. Las 31 gobernaciones del país funcionarán como centros de recepción de solicitudes para los extranjeros ilegales que se acojan al Plan Nacional de Regularización, que implementará el gobierno en cumplimiento a la Ley 285-04 de Migración, la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, y al decreto 327 del Poder Ejecutivo.

Para ello, la Junta Central Electoral (JCE) instalará estaciones del registro civil y cedulación en las gobernaciones (que son representaciones del gobierno central en las provincias), y aportará personal capacitado, para que la tarea de acopio de datos sea efectiva.

Esta cooperación finalizará con el Plan, según consta en el acuerdo de colaboración que firmaron ayer el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, en la sede del Ministerio de Interior y Policía (MIP).

A través de las estaciones de consulta -que según Rosario, empezarán a instalarse este mes- se realizarán, además, búsquedas y comparaciones de datos biométricos de fotos y huellas dactilares de los solicitantes de legalización. Conforme dijo, el papel de la Junta será el de acopiar los datos, y pasarlos al MIP, y sólo ingresarán al registro civil definitivo, cuando se determine el estatus de los extranjeros que se adhieran al Plan.

El decreto 327 establece que el extranjero que desee acogerse al Plan deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de 18 meses, a partir de su puesta en vigencia. Entre los requisitos, los extranjeros deberán demostrar arraigo en el país, como por ejemplo, tener hijos nacidos aquí, haber cursado estudios, saber hablar y escribir español, residir en un domicilio fijo, convivir con un dominicano, carecer de antecedentes penales, y demostrar vínculos de tipo laboral o socioeconómico.

De acuerdo con Rosario, en el país vive casi un millón de personas en condición irregular, en su mayoría haitianos, o descendientes de éstos.

Lo que nunca se ha hecho

Tras reconocer que en el país existe un problema con las migraciones ilegales, y que por casi un siglo las autoridades "nos hemos hecho de la vista gorda", el ministro de Interior aseguró que ahora se "hará lo nunca se ha hecho", porque el Estado y el gobierno han asumido la responsabilidad de transparentar la situación de los migrantes.

"Vamos a crear las condiciones para el control de la frontera, para darle la posibilidad a cada una de las personas que quieran optar por una de las condiciones que establece la ley nuestra (de migración), y bajo el marco de nuestra soberanía, que no es cuestionable, ni permitimos que se cuestione", enfatizó.

Fadul dejó claro que el gobierno no ha asumido este plan "por presión internacional, ni porque en organismos internacionales se esté abordando el tema".

Un objetivo nacional

El ministro consideró que la sociedad dominicana debe asumir el Plan de Regularización como un "objetivo nacional", y en ese sentido, abogó porque se integren las iglesias, los clubes, juntas de vecinos y sindicatos, a fin de que el proceso tenga legitimidad, y para que el inmigrante no se sienta con temor a registrarse,"creyendo que puede ser un mecanismo para uno detectarlo y producir su repatriación".

"Le ha tocado al presidente Danilo Medina este gran reto, y él lo ha asumido (...) pero también queremos que lo asumamos nosotros como sociedad, esto debe constituirse como un objetivo nacional", enfatizó Fadul.

Presidente dice consulta para ley naturalización 

El presidente Danilo Medina informó ayer que está en consulta sobre el proyecto de ley de Naturalización que prometió enviar al Congreso Nacional, para resolver el problema de los nacidos en el país de padres extranjeros ilegales. "Tenemos una sentencia que nos obliga, entonces, vamos a buscar la forma más idónea posible para que nosotros podamos salir de esta situación. Estamos consultando la gente que tiene conocimiento de eso, pero en los próximos días tendremos algún proyecto", dijo el mandatario.

Mientras, Monseñor Agripino Núñez Collado consideró que debe dársele tiempo al Poder Ejecutivo para elaborar el proyecto, porque desde su anuncio se ha hablado de un plazo de 18 meses. "Se está trabajando, no han dicho que tiraron la toalla, vamos a esperar que salga el proyecto de ley que el Presidente dijo mandaría al Congreso", sostuvo.

Diario Libre