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Barrick Pueblo Viejo aclara situación de moradores de El Llagal

La empresa minera explica que recibieron su compensación por vender al Estado los terrenos

SANTO DOMINGO.- Barrick Pueblo Viejo aclara que no desalojó familias de la zona del Llagal para la construcción de su presa de colas, y dijo que esta zona es parte de la reserva fiscal que el Estado arrendó como parte del acuerdo de explotación de la mina de Pueblo Viejo.

Estas afirmaciones se hacen después de que en algunos medios de comunicación se hicieran eco de los reclamos de personas residentes en la Urbanización Nuevo Llagal, que exigen la reevaluación de los terrenos y que, según una comunicación de prensa, vendieron al Estado en la zona donde se desarrolló el proyecto minero, así como compensaciones adicionales.

Méjico Angeles, director de Asuntos Gubernamentales de Barrick Pueblo Viejo, informó que "Dentro de las negociaciones de los terrenos de El Llagal, entre el gobierno Dominicano y los comunitarios, la empresa participó únicamente como facilitadores de apoyo técnico, bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Minería."

Virgilio Peguero, subdirector del programa de remediación del Ministerio de Industria y Comercio, quien participó directamente en el proceso de reubicaciones y restauración de medios de vida, junto a la Dirección de Minería, dijo que "dicho proceso fue totalmente justo y transparente y se realizó cumpliendo con los lineamientos del Banco Mundial establecidos para estos casos.

Peguero dice también que las reubicaciones contó, además, con el apoyo de una firma de consultores y auditores internacionales, quienes dieron el seguimiento debido para su cumplimiento, como lo establecía el contrato firmado por el gobierno dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.

"El programa de reubicaciones y compensaciones de los moradores de El Llagal incluyó un proceso de revisión de 28 posibles terrenos en todo el entorno de las distintas comunidades cercanas a Cotuí, realizado por las familias que sería afectadas para que ellos mismos pudieran elegir donde querían ser reubicados, el mismo fue debidamente documentado, conservando todas las minutas que registraban las decisiones colegiadas con los comunitarios como muestra de transparencia y criterio participativo", asegura Peguero.

Agrega que "luego de esto se llevó a cabo un proceso de seguimiento a las familias compensadas y reubicadas por un período de 5 años, para desarrollar un programa de restablecimiento de medios de vida, que incluyó, además, la entrega de terrenos para cultivos agrícolas, entrenamientos en varios oficios y cursos de capacitación, junto a apoyo técnico para el emprendimiento de pequeños negocios".

Asegura que de las 416 familias, según los lineamientos del Banco Mundial, solo calificaban para recibir nuevas viviendas aquellas que estuviesen residiendo en los terrenos al momento de hacer la reubicación y que se comprobara que no contaran con otras viviendas. "Bajo este criterio solo calificaban unas 65 familias a quienes se les otorgó su vivienda según lo acordado."