La Ley de Catastro Nacional busca fortalecer los ingresos fiscales

SANTO DOMINGO. La Ley de Catastro Nacional, pendiente de promulgación o veto, busca modernizar el sistema catastral dominicano, para hacerlo más eficiente y confiable, y además, establecer un control necesario para captar ingresos fiscales.

La iniciativa legislativa, que derogaría la Ley No.317 de 1968, establece que en un plazo de 180 días de su aplicación el Poder Ejecutivo emita un reglamento para su aplicación a partir de su entrada en vigencia.

El proyecto procura regular la formación, conservación y la actualización del inventario de todos los inmuebles del país, en sus aspectos físico, económico y jurídico para garantizar el registro de inmuebles de personas físicas y jurídicas.

De acuerdo con el artículo 30 de la referida disposición, deberá hacerse una inspección catastral para verificar las informaciones suministradas por los titulares catastrales sobre sus bienes inmuebles registrados en la Dirección General de Catastro Nacional. Esta institución es el único órgano técnico y de ejecución del Estado que tiene la facultad para realizar las valoraciones oficiales de bienes inmuebles en apoyo a las instituciones del Estado, a las entidades privadas y a la ciudadanía.

La inspección catastral busca que cuando no exista concordancia en las informaciones o cuando existan sospechas de distorciones se puedan originar modificaciones o incorporaciones.

Consigna, en el artículo 39, que sólo estará permitido el acceso a datos protegidos, que son los correspondientes a los registros de inmuebles, con el consentimiento expreso o escrito de su titular o a requerimiento de los tribunales del país, del Mi- nisterio Público, de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El proyecto de Ley de Catastro Nacional, fue sometido por el Poder Ejecutivo en el Senado, que la aprobó y remitió la Cámara de Diputados, y ésta posteriormente la devolvió al Senado con modificaciones en noviembre del año pasado. Fue aprobado en primera lectura en el Senado el 19 de marzo pasado.

La Ley No. 317 que derogaría ya está considerada obsoleta para los tiempos modernos.

Diario Libre