OEA recomienda poner a funcionar tribunales creados por ley

SANTO DOMINGO. El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), requirió al Estado adoptar las medidas pertinentes para asignarle la partida presupuestaria que le corresponde de acuerdo con la ley; que ponga en funcionamiento los tribunales y juzgados de la jurisdicción penal creados por ley que aún no se encuentran operando, entre otros planteamientos.

En relación a la Cámara de Cuentas , entre otras recomendaciones, sugiere adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación por la vía civil de activos vinculados con las declaratorias de responsabilidad civil; y adoptar las medidas pertinentes para que pueda hacer una fiscalización efectiva a las municipalidades.

La OEA aprobó el informe de República Dominicana sobre la implementación de este tratado en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis, durante su Vigésima Tercera Reunión, celebrada en la sede central de la institución hemisférica, en Washington.

El informe dedica uno de sus capítulos más importantes al análisis de los órganos de control superior de República Dominicana con responsabilidades en la prevención, detección, sanción y erradicación de los actos de corrupción: la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y la Contraloría General de la República (CGR).

El análisis se llevó a cabo tomando en cuenta la respuesta de República Dominicana a un cuestionario, la información recabada por la Secretaría Técnica del MESICIC, y, como una nueva e importante fuente de información, la visita in situ realizada entre el 8 y 10 de octubre de 2013, por los representantes de Honduras y Uruguay, y por la Secretaría Técnica. Durante esta visita, el equipo de análisis, además de reunirse con los representantes de los anteriores órganos de control, lo hizo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales.

Entre las recomendaciones formuladas para ser consideradas por República Dominicana en relación con los órganos analizados, el informe propone al Estado que la creación de la DIGEIG sea ratificada mediante una ley que sea aprobada por el Congreso Nacional; aprobar su reglamento operativo, los manuales de procedimiento de sus áreas sustantivas, y los mecanismos de coordinación institucional con determinadas entidades.

Además, propone a la PEPCA formalizar la adopción de su Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos; actualizar su "Manual de Organización y Funciones"; definir los "Criterios de Significación", de acuerdo a los cuales se estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente atendidos por su Dirección; adoptar las medidas pertinentes para garantizar la independencia técnica, administrativa y funcional de la PEPCA y de sus fiscales; y adoptar un procedimiento más ágil para la recuperación de activos vinculados con hechos de corrupción, entre otras propuestas.

El informe también propone a la CGR considerar modificar la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la propia CGR, para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales en la materia; expedir el Reglamento de la Responsabilidad de los Servidores Públicos previsto en dicha ley; y elaborar el plan de acción relativo a la "Implementación de un Sistema de Contraloría Social".

En segundo término, como resultado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a República Dominicana en la Primera Ronda, el Comité determinó las que quedan vigentes para su consideración, entre las cuales se destacan el fortalecimiento de la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses; y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de que pueda desarrollar cabalmente sus responsabilidades en la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes del Estado.

El informe también refleja los avances en la implementación de tales recomendaciones, tales como la medida de la Ley sobre Función Pública que prohíbe expresamente que laboren en una misma institución cónyuges y familiares hasta el tercer grado; y la designación de un órgano rector en materia de conflictos de intereses encargado de recibir e investigar denuncias sobre supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario, y que cuente con medios electrónicos para facilitar la presentación de denuncias.

Además, se reseñan las buenas prácticas sobre las que República Dominicana suministró información, que se refieren a la "Estandarización Portales Web" de los organismos públicos, con base en las directrices de la DIGEIG; la creación de la "Unidad de Auditoría Forense", adscrita a la PEPCA, que brinda auxilio en la investigación, para los análisis financieros y el peritaje; y la puesta en marcha del Sistema de Carrera Judicial.

Durante esta Vigésima Tercera Reunión, se adoptaron informes similares para Nicaragua, Canadá, Ecuador, y Guyana, los cuales están disponibles aquí.