El Poder Judicial aprueba el plan de titulación de terrenos del Estado

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, a un costo de RD$56,985,538.39, en la primera fase.

El monto comprende la contratación de 94 colaboradores RD$30,549,148; compra de mobiliario y adecuación de la infraestructura, a un costo de RD$2,018,173; RD$6,359,689.31 para la compra de equipos tecnológicos; RD$4,079,600, para equipos de transportes; gastos operativos y materiales por un monto de RD$3,343,879.14 e imprevistos ascendentes a RD$10,635,048.94.

Asimismo, se aprobó la convocatoria de la Mesa de Políticas para crear las normas jurídicas que fueran necesarias, y autoriza la comisión para el manejo de desembolsos, compras, designaciones de personal, y todo cuanto sea necesario para que el proyecto funcione oportunamente.

El organismo aprobó la creación de una Comisión Especial para la Rehabilitación de los Juzgados de Paz Especiales de Tránsito del Distrito Nacional.

La misma está integrada por Elías Santini Perera, consejero del Poder Judicial, quien la coordina; Julio César Canó Alfau, juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; los directores generales de Administración y Carrera Judicial, Justiniano Montero; de Planificación y Proyectos, Cristina Fulcar; de Políticas Públicas, Yildalina Tatem Brache; y de Asuntos Administrativos, Vanessa Gómez García.

Dispuso que sean retomadas las inspecciones ordinarias en la Jurisdicción Inmobiliaria, "puesto que esta figura se encuentra contenida en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, en sus artículos 174 y siguientes a saber su contenido".

El órgano de gobierno del Poder Judicial dejó sin efecto la decisión adoptada el 9 de octubre de 2013, la cual consta en el oficio SGCPJ 02290/2013, donde suspende las inspecciones ordinarias de la Contraloría de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Asimismo, se aprueba suspender sin disfrute de salario a Virginia González, registradora de Títulos de La Vega, remitiéndola a juicio disciplinario administrativo.

Federico Méndez