Critican aumento de penas durante vistas públicas del Código Penal
Diario Libre
SANTO DOMINGO. En las vistas públicas que realizó el Senado sobre el proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Penal algunas de las 29 entidades participantes criticaron que en la iniciativa se haya incluido el aumento de las penas por entender que una persona que haya sido condenada a 40, 50 y hasta 60 años de prisión, en caso del cumulo de penas, no tiene posibilidades de reinsertarse en la sociedad.
Así lo manifestó el jurista Cándido Simón del Instituto Carlos Balcácer quien lamentó que en esa pieza legislativa no se garantice la reinserción en la sociedad de las personas condenadas por haber cometido algún delito.
Afirmó que hay 47 penas de 30 a 40 años de prisión y 1 pena de 60 años de prisión y que nadie que tenga unos 40 ó 50 años de edad y tenga que cumplir una condena de 40 años o más de cárcel tiene la oportunidad de reinsertarse socialmente.
Mientras que el jurista Carlos Balcácer criticó que el Código Penal propuesto predomine la tesis del "enemigo de la sociedad" entendiendo que aquel que daña hay que etiquetarlo y apartarlo de la sociedad. Para él legislaciones como esas han sido superadas en otras nacionales como Francia.
Por otro lado, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), representada por Claudia Saleta, afirmó que esa institución saluda la aprobación del artículo 90, como está propuesto, para que no existan restricciones penales a fin de garantizar que los embarazos cuyas condiciones ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres puedan ser interrumpidos. De esa forma entienden que se evitaría que se realicen abortos clandestinos e inseguros.
"Apoyamos la aprobación del artículo (90) tal como está redactado en el proyecto de Ley, aunque el Estado, y en especial el Poder Legislativo, tendría en un futuro la tarea pendiente de ponderar otras excepciones a la penalización, como son los casos en el que embarazo es producto de un incesto o violación sexual, y cuando el producto del embarazo viene con malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero; casos en los que indudablemente también se atenta contra el derecho a preservar la integridad física y mental de las mujeres, consagrado en el artículo 42 de la Constitución dominicana, impidiendo el ejercicio del derecho a una maternidad saludable", expresó.
Así lo manifestó el jurista Cándido Simón del Instituto Carlos Balcácer quien lamentó que en esa pieza legislativa no se garantice la reinserción en la sociedad de las personas condenadas por haber cometido algún delito.
Afirmó que hay 47 penas de 30 a 40 años de prisión y 1 pena de 60 años de prisión y que nadie que tenga unos 40 ó 50 años de edad y tenga que cumplir una condena de 40 años o más de cárcel tiene la oportunidad de reinsertarse socialmente.
Mientras que el jurista Carlos Balcácer criticó que el Código Penal propuesto predomine la tesis del "enemigo de la sociedad" entendiendo que aquel que daña hay que etiquetarlo y apartarlo de la sociedad. Para él legislaciones como esas han sido superadas en otras nacionales como Francia.
Por otro lado, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), representada por Claudia Saleta, afirmó que esa institución saluda la aprobación del artículo 90, como está propuesto, para que no existan restricciones penales a fin de garantizar que los embarazos cuyas condiciones ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres puedan ser interrumpidos. De esa forma entienden que se evitaría que se realicen abortos clandestinos e inseguros.
"Apoyamos la aprobación del artículo (90) tal como está redactado en el proyecto de Ley, aunque el Estado, y en especial el Poder Legislativo, tendría en un futuro la tarea pendiente de ponderar otras excepciones a la penalización, como son los casos en el que embarazo es producto de un incesto o violación sexual, y cuando el producto del embarazo viene con malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero; casos en los que indudablemente también se atenta contra el derecho a preservar la integridad física y mental de las mujeres, consagrado en el artículo 42 de la Constitución dominicana, impidiendo el ejercicio del derecho a una maternidad saludable", expresó.
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