El proyecto de naturalización concita un respaldo masivo

SANTO DOMINGO. Luego del largo proceso en busca de consenso que agotó el presidente Danilo Medina, la propuesta de Ley que envió ayer al Congreso, tendente a la regularización y naturalización de hijos de extranjeros en el país, cuenta con el apoyo expreso de varios sectores, aunque no faltan las voces disidentes.

Tal es el caso del partido Fuerza Nacional Progresista (), que considera que si bien el proyecto de Ley respeta la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) número 168-13, el mismo viola la Constitución por el hecho de que ordena a la Junta Central Electoral (JCE) emitir documentación a los hijos de extranjeros que fueron inscritos irregularmente en el Registro Civil.

"En ningún artículo de la Carta Magna existe la posibilidad de que la Junta Central Electoral pueda otorgar nacionalidad dominicana, a través de acreditación de actas o expedición de cédulas", expresó el presidente de la FNP, del jurista Marino Vinicio Castillo (Vincho).

Sin embargo, los abogados constitucionalistas Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huertas y Juan Miguel Castillo Pantaleón, coincidieron en destacar lo prudente del proyecto, por entender que respeta, tanto la Constitución de la República, como la sentencia del TC.

"Consideramos que el Proyecto es respetuoso, tanto de la Sentencia 168/13 dictada por el Tribunal Constitucional, como de la Constitución, ya que viene a enfrentar uno de los grandes problemas detectados por el Tribunal Constitucional, como lo es el conjunto de imprevisiones legales y deficiencias legales e institucionales que afectó a un número de personas que, nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros, recibieron documentación que hizo presumir su nacionalidad dominicana", plantea Prats.

Rodríguez Huertas, uno de los asesores del gobierno en la elaboración del proyecto, defiende que el mismo está ajustado al ordenamiento jurídico dominicano. "Respeta la sentencia, toda vez que su fundamento no es el mismo sobre el que versó el precedente sentado por el TC en la sentencia 168-13. Además, hace una distinción sobre una realidad que subyacía, que es la situación distinta de quienes fueron acreditados como dominicanos durante mucho tiempo, de aquellos que simple y llanamente pueden invocar que son dominicanos, pero que no hay ningún registro".

Aclara, además, que en este caso, la JCE no va a establecer nacionalidad, sino que el legislador parte de la realidad de que las personas favorecidas gozaban ya de esa nacionalidad y, por tanto, la Junta sólo procederá a la aplicación de lo que establezca el legislador, un argumento con el que también coincide Jorge Prats.

Para Castillo Pantaleón, el proyecto es prudente y humanitario. "Hay que tomar en consideración dos puntos interesantes. Primero reconoce la autoridad vinculante de la decisión del TC, y reconoce el trabajo realizado por la JCE en cuanto a la limpieza de los libros de acta del estado civil".

Esto así, explica el jurista, porque las fechas que el proyecto de Ley circunscribe su beneficio va desde la modificación constitucional del 1929 hasta el 2007, cuando se dictó la Circular 27 de la JCE. "Eso indica que los que se van a beneficiar son las más de 14 mil personas asentadas en el Registro Civil, pero sin evidencia de fraude".

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Iglesias, Braulio Portes, consideró que el proyecto depositado ayer en el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, disminuye la tensión generada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

"El proyecto de ley de naturalización apaga el fuego que se ha levantado en torno a la sentencia del TC. Esperamos que sea aprobado lo más pronto posible, porque esa ley significa paz para nuestro país, y ayuda a las relaciones entre República Dominicana y Haití", expresó.

Proyecto de ley íntegro

Tania Molina