Renuncia fiscal acusado de poner arma ilegal a presunto narcotraficante

DISTRITO NACIONAL. El procurador fiscal titular de San José de Ocoa, José Miguel Cuevas Paulino, envuelto en varios escándalos, entre ellos uno donde figura en un video colocando una pistola debajo de un colchón a un presunto narcotraficante durante un allanamiento, presentó renuncia al cargo.

El funcionario procedió a entregar el puesto tras dirigir una carta al Procurador General de la República y presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito.

Cuevas está sometido a un proceso investigativo, que determinó la autenticidad de un video donde se saca un arma de un bolsillo para colocarla debajo de un colchón en la residencia del alegado distribuidor de drogas Erin Manuel Andújar (Peña).

El Ministerio Público solicitará nueva vez orden de arresto en contra de Cuevas Paulino, negada este martes por el juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Milton Castillo.

El procurador Francisco Domínguez Brito expuso que a raíz de la denuncia, fue iniciada una investigación, y efectivamente, se pudo comprobar que Cuevas Paulino cometió el indicado hecho, al colocar el arma al alegado distribuidor de drogas Erin Manuel Andújar (Peña).

Manifestó que el funcionario incurrió en los delitos de violación al principio de probidad, de legalidad y objetividad, establecidos en la Ley 133 del Ministerio Público.

Asimismo, en prevaricación, violación a la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, a la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

También violación durante el ejercicio de sus funciones a los derechos fundamentales de un imputado.

"Por lo tanto, hemos solicitado orden de arresto correspondiente, e igualmente hemos procedido a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión de lugar", informó Domínguez Brito.

El funcionario sostuvo que este tipo de acciones son inadmisibles, por más hechos criminales que haya cometido un imputado.

Asimismo, que el respeto al imperio de la ley es la garantía para el desarrollo de una democracia. "No podemos tolerar que quienes están obligados precisamente al cumplimiento de la misma, sean quienes la violenten", concluyó.

El presunto narcotraficante originó un escándalo en San José de Ocoa, donde declaró que vendía drogas para supuestamente dar dinero a miembros del Ministerio Público y agentes policiales.

Por esa causa fue cancelada una fiscal y empleados de esa demarcación.