"Recomiendo que la Administración no incurra en vulneraciones graves del ordenamiento jurídico"

SANTO DOMINGO. Cuando Ricardo Rivero Ortega aborda el tema de la Administración Pública, lo primero que observa es su comportamiento.

Lo primero que asalta su expresión es que ésta debe preocuparse de servir a los intereses generales. También observa que puede encontrarse en situaciones en las que el respeto escrupuloso de cada una de las previsiones normativas, legales y reglamentarias pueden llevarla a un ambiente en que la satisfacción del interés general no sea tan viable.

Por eso recomienda que no incurra en vulneraciones graves del ordenamiento jurídico ni perjudique los derechos y libertades de las personas, pero que se preocupe sobre todo por realizar adecuadamente las políticas públicas.

El experto en Derecho Administrativo y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, quien participó en un seminario especializado en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), habló para DL.

P. ¿Cuál es la importancia que tiene para la ciudadanía el control de la Administración Pública?

R. El control de la Administración Pública es fundamental, porque evita los excesos, abusos y arbitrariedades, aunque en una democracia los gestores políticos deben tener márgenes para establecer prioridades, y satisfacer el interés general, es importantísimo que se sujeten a límites, los de la legalidad, también los del sentido común y, por supuesto, que haya instituciones orientadas al control del cumplimiento de sus límites.

Ahora hay instituciones de tipo interno o también el Poder Judicial, que es el protagonista fundamental del control de la Administración. Ese control racionaliza el ejercicio del poder, como el maestro García de Enterría nos enseñó, y también lo hace sostenible porque, incluso, de manera bien intencionada, a veces el poder toma decisiones de corto plazo, que son positivas en ese término, pero que en un largo plazo son dañinas, y el control también sirve para pensar en términos de largo plazo.

P. A raíz del surgimiento de estos mecanismos de control de la Administración Pública, por parte de los ciudadanos, acudiendo a la jurisdicción correspondiente ¿Se ha vencido la reticencia o todavía siguen los focos de no querer a acceder a cuestiones que son de índole público?

R. Bueno, es una historia eterna, la de la resistencia del poder a ser controlado, allí donde hay un poder se resiste al control. Tras la Revolución Francesa de 1789, a pesar de haber sido inspirados por el pensamiento de Montesquieu, los revolucionarios dictaron una ley diciendo que los jueces no podían controlar las administraciones. El señor Morsi, tras la revolución de la primavera árabe en Egipto, fue elegido democráticamente, y se preocupó de dictar un decreto diciendo que los jueces no podían controlar sus decisiones. Es muy humano no querer ser controlado. Entonces, hay siempre un juego de equilibrios en todo sistema político, especialmente la democracia, entre un poder que intenta buscar espacios de inmunidad y otro poder, el Poder Judicial, que los limita.

Siempre y cuando ese equilibro entre los dos poderes, no se escore hacia la omnipotencia y los mayores abusos del Poder Ejecutivo, es normal formar parte de la dinámica institucional, razonable de un Estado democrático de derecho.

P. De vez en cuanto vemos que desde la Administración Pública se destapan resoluciones, actos y cuestiones que no están contempladas en el ordenamiento legal, y que se empeña en hacer valer, tanto frente a las personas físicas como jurídicas. ¿Para vencer estas cuestiones que ya desbordan el principio de legalidad, qué usted recomienda?

R. La Administración debe cumplir la ley y el resto del ordenamiento jurídico, lo deja bien claro la Constitución dominicana del 2010, y el derecho comparado se interpreta de idéntica forma.

Pero es cierto que la Administración también debe preocuparse de servir a los intereses generales, y puede encontrarse en situaciones en las que el respeto escrupuloso de cada una de las previsiones normativas, legales y reglamentarias puede llevar las situaciones a las que la satisfacción del interés general no sea tan viable. Yo recomiendo que la Administración no incurra en vulneraciones graves del ordenamiento jurídico, ni perjudique los derechos y libertades de las personas, pero que se preocupe sobre todo de realizar adecuadamente las políticas públicas, de prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos, que haya una buena educación, una buena sanidad pública, servicios sociales que funcionen, que el dinero se gaste adecuadamente. Esto me parece más importante que el hecho de que se cumpla hasta el más nimio de los reglamentos.

"Queda mucho que hacer aún, por supuesto, la descarga burocrática, hace falta reducir trámites, facilitar la teletramitación".

P. ¿Cuál es la mejor forma de tener una Administración Pública sana, respetuosa de los derechos de los ciudadanos y de los actos que ejecuta o materializa el Estado?

R. Pues con cultura, una cultura de respeto de lo público, una cultura de probidad, honradez, de trabajo en una sociedad, una cultura meritocrática, que reconozca la posición, puestos de responsabilidad de personas capacitadas para ello, y que compense el esfuerzo realizado en todos los niveles, con el reconocimiento correspondiente, y que no permita que haya personas que no estén preparadas o que no tengan los valores adecuados para desempeñar determinadas funciones públicas.

"El Ministerio de Administración Pública está desarrollando una tarea responsable y ejemplar en ese sentido".

P. Aquí en la República Dominicana se va a poner en vigencia el año que viene la Ley 107-03 sobre Derecho de las Personas en su relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo, ¿Cómo usted califica, en términos de valoración, los pasos que se están dando actualmente?

R. Esta es una ley vanguardista, la mejor ley de procedimiento administrativo de toda América Latina en este momento, sin dudas, y ya han empezado a impulsarse, conforme establece la propia ley 107, las actividades, los programas de capacitación dirigidos a los funcionarios y empleados públicos, que son los primeros responsables del cumplimiento de sus preceptos. El Ministerio de Administración Pública está desarrollando una tarea responsable y ejemplar en ese sentido.

Aunque queda poco tiempo, ya se está avanzando para que los empleados públicos de la República Dominicana conozcan las consecuencias de la entrada en vigor de este texto, deberán organizarse aún muchas más actividades de presentación del texto, de difusión, de capacitación, de traslado a la sociedad civil de los beneficios que suponen las previsiones de este texto, porque mejora de manera muy considerable la posición jurídica de las personas que se relacionan con la Administración, y hay un proyecto de Estado a realizar que va por buen camino.

Diario Libre