Centro Juan XXIII apoya lucha contra la corrupción
"Hay que poner fin a la corrupción" en el país, dice la entidad
Diario Libre
SANTO DOMINGO. El Centro Juan XXIII manifestó su apoyo a la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público.
En una nota de prensa enviada a Diario Libre titulada "Hay que poner fin a la corrupción", dice que "la única forma de luchar contra la corrupción es sometiendo a juicio oral, público y contradictorio todas aquellas personas acusadas de sustraer fondos públicos."
Al expresar su apoyo al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dice que "debemos señalar que ningún dictamen administrativo de archivo de acusación del Ministerio Público puede ser declarado con autoridad de cosa juzgada, si este no ha sido homologado por juez competente".
A continuación el texto de la nota:
Hay que poner fin a la corrupción
El Centro Juan XXIII quiere expresar públicamente su apoyo a las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa. Queremos manifestar que la única forma de luchar contra la corrupción es sometiendo a juicio oral, público y contradictorio todas aquellas personas acusadas de sustraer fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro del Estado, sus dependencias, o instituciones autónomas, obtengan para sí, para terceros, familiares, amigos o allegados, algún provecho económico.
Debemos señalar que ningún dictamen administrativo de archivo de acusación del Ministerio Público puede ser declarado con autoridad de cosa juzgada, si este no ha sido homologado por juez competente. De ser así, ningún caso que sea de interés del Gobierno de turno llegará a ser conocido en juicio de fondo.
Más aún, los jueces al momento de conocer estos juicios deben aplicar de forma rigurosa el artículo 146 de nuestra Constitución y las leyes penales que imponen a los funcionarios públicos la obligación de demostrar el origen legítimo de los bienes que posee; y en estos casos la obligación del Ministerio Público solo es demostrar el incremento injustificado del patrimonio del acusado.
Estas normas tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en todos los casos presentes o futuros.
NO MÁS IMPUNIDAD
POR UNA PATRIA SERVIDA COMO SE MERECE
En una nota de prensa enviada a Diario Libre titulada "Hay que poner fin a la corrupción", dice que "la única forma de luchar contra la corrupción es sometiendo a juicio oral, público y contradictorio todas aquellas personas acusadas de sustraer fondos públicos."
Al expresar su apoyo al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dice que "debemos señalar que ningún dictamen administrativo de archivo de acusación del Ministerio Público puede ser declarado con autoridad de cosa juzgada, si este no ha sido homologado por juez competente".
A continuación el texto de la nota:
Hay que poner fin a la corrupción
El Centro Juan XXIII quiere expresar públicamente su apoyo a las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa. Queremos manifestar que la única forma de luchar contra la corrupción es sometiendo a juicio oral, público y contradictorio todas aquellas personas acusadas de sustraer fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro del Estado, sus dependencias, o instituciones autónomas, obtengan para sí, para terceros, familiares, amigos o allegados, algún provecho económico.
Debemos señalar que ningún dictamen administrativo de archivo de acusación del Ministerio Público puede ser declarado con autoridad de cosa juzgada, si este no ha sido homologado por juez competente. De ser así, ningún caso que sea de interés del Gobierno de turno llegará a ser conocido en juicio de fondo.
Más aún, los jueces al momento de conocer estos juicios deben aplicar de forma rigurosa el artículo 146 de nuestra Constitución y las leyes penales que imponen a los funcionarios públicos la obligación de demostrar el origen legítimo de los bienes que posee; y en estos casos la obligación del Ministerio Público solo es demostrar el incremento injustificado del patrimonio del acusado.
Estas normas tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en todos los casos presentes o futuros.
NO MÁS IMPUNIDAD
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