Juez descarga a alcalde de San Francisco de Macorís
El juez Mejía Lebrón consideró que el Ministerio Público no aportó las pruebas
Diario Libre
SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, emitió un auto de No Ha Lugar a favor del alcalde de San Francisco de Macorís y tres funcionarios del cabildo, acusados de cometer presuntos actos de corrupción por un monto superior a los RD$400 millones.
La decisión favorece al alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, el encargado de Nómina Jerson Neris Lizardo Pérez y la tesorera Fior D'liza Genao Hernández, a los que acusa de desfalco, junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El magistrado sostiene que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y los acusadores particulares no son suficientes para que con probabilidad los procesados sean condenados en un juicio de fondo. "Por consiguiente, se ordena el cese de toda medida de coerción que pesa en contra de los procesados antes mencionados y la devolución de los valores puestos en garantía por éstos, por haber cumplido con las exigencias del procedimiento".
Pronunció el desistimiento tácito de la Fundación Justicia y Transparencia, "por haber abandonado la audiencia, y no haber aceptado unificarse con los demás querellantes, como lo había ordenado el tribunal".
El expediente, que se estaba ventilando en San Francisco de Macorís, fue trasladado a la provincia Santo Domingo, por orden del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a razones de seguridad.
La decisión favorece al alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, el encargado de Nómina Jerson Neris Lizardo Pérez y la tesorera Fior D'liza Genao Hernández, a los que acusa de desfalco, junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El magistrado sostiene que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y los acusadores particulares no son suficientes para que con probabilidad los procesados sean condenados en un juicio de fondo. "Por consiguiente, se ordena el cese de toda medida de coerción que pesa en contra de los procesados antes mencionados y la devolución de los valores puestos en garantía por éstos, por haber cumplido con las exigencias del procedimiento".
Pronunció el desistimiento tácito de la Fundación Justicia y Transparencia, "por haber abandonado la audiencia, y no haber aceptado unificarse con los demás querellantes, como lo había ordenado el tribunal".
El expediente, que se estaba ventilando en San Francisco de Macorís, fue trasladado a la provincia Santo Domingo, por orden del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a razones de seguridad.
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