Tipifican como secuestro caso choferes que intentaron quemar autobús con estudiantes
El proceso fue sucedido de varios incidentes que terminaron con la impugnación al Ministerio Público
Federico Méndez
SANTO DOMINGO. El expediente en contra de doce choferes acusados de intentar quemar un autobús que llevaba a bordo 50 estudiantes, que fueron impedidos de llegar hasta la Feria del Libro y abandonar el vehículo, tomó un nuevo ribete con la tipificación del cargo de secuestro.
La calificación jurídica originó que la defensa de los imputados recusara al Ministerio Público, solicitando al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que sea sustituida en el caso la fiscal Olga Diná Llevarías, el procurador general de la Corte de Apelación y los demás fiscales que actúan en el caso.
El incidente originó que la jueza de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, Melania de la Cruz, otorgara un plazo de 48 horas a los fines de que presenten por escrito sus argumentos sobre la impugnación al Ministerio Público.
Los abogados de la defensa, Ingrid Higaldo y Valentín Medrano, manifestaron que Domínguez Brito debe decidir sobre la impugnación a los fiscales.
Hidalgo argumentó que "la fiscal Diná Llaverías ha manifestado que el caso conlleva una pena de 30 años de prisión, cuando esto no llega ni siquiera a una violación de la Ley 241".
El conocimiento de la medida de coerción fue iniciado pasada la 1:00 p.m. El proceso fue sucedido de varios incidentes que terminaron con la impugnación al Ministerio Público, lo que originó la suspensión poco antes de las 4:00 p.m.
La calificación jurídica originó que la defensa de los imputados recusara al Ministerio Público, solicitando al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que sea sustituida en el caso la fiscal Olga Diná Llevarías, el procurador general de la Corte de Apelación y los demás fiscales que actúan en el caso.
El incidente originó que la jueza de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, Melania de la Cruz, otorgara un plazo de 48 horas a los fines de que presenten por escrito sus argumentos sobre la impugnación al Ministerio Público.
Los abogados de la defensa, Ingrid Higaldo y Valentín Medrano, manifestaron que Domínguez Brito debe decidir sobre la impugnación a los fiscales.
Hidalgo argumentó que "la fiscal Diná Llaverías ha manifestado que el caso conlleva una pena de 30 años de prisión, cuando esto no llega ni siquiera a una violación de la Ley 241".
El conocimiento de la medida de coerción fue iniciado pasada la 1:00 p.m. El proceso fue sucedido de varios incidentes que terminaron con la impugnación al Ministerio Público, lo que originó la suspensión poco antes de las 4:00 p.m.
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