El Estado dominicano debe mantener la autoridad sobre vertedero de Duquesa

SANTO DOMINGO. En momentos en que se pone en entredicho la propiedad que alega la empresa Lajun Corporatión sobre los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa, expertos en el tema de la gestión de desechos advierten que el Estado no debe perder la autoridad sobre el mismo.

Reconociendo que la propiedad de la tierra no es lo más determinante, sino los acuerdos a que se puedan llegar para lograr una adecuada operatividad, Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, y el ingeniero Roberto Castillo Tió coinciden en que el Estado debe tener la autoridad de un servicio que es bien público, y expresan sus reservas sobre la validez de la venta. “El Estado tiene la responsabilidad de la gestión del bien común para el pueblo dominicano y el hecho de que exista una participación del sector privado en la gestión de un servicio, ese servicio no deja de ser público, pues el Estado es el responsable de ello, aunque los concesione total o parcialmente”, sostiene Castillo Tió.

Insiste en que el Estado tiene la responsabilidad ética, moral, ideológica y política de garantizar el servicio público.

Rojas, de su lado, entiende que ciertamente existe un riesgo en dejar el vertedero en manos privadas, pero, considera que lo más importante es que el Estado tenga la titularidad en el marco de un plan maestro sobre gestión de desechos que señale los lugares más propicios para el destino final y donde participen los ayuntamientos y el sector privado bajo normas claras.

“Es muy importante que se pueda constituir una autoridad nacional para los residuos sólidos, que la ley le dé facultad al Ministerio de Medio Ambiente para regir”.

Rojas considera que hasta ahora, la autoridad que tiene Medio Ambiente es parcial, pues, para ello requiere de una estructura especializada dedicada al tema y que ésta esté en relación permanente con los ayuntamientos. Señala, y en ello coincide con Castillo Tió, que es necesario trabajar en un acuerdo con los ayuntamientos, el Poder Ejecutivo y el sector privado, para conseguir el financiamiento necesario que permita tener un destino de disposición final que se maneje con los estándares ambientales nacionales e internacionales.

Dudas sobre la venta

La empresa Lajun, concesionaria de la administración de Duquesa, dice tener la propiedad de los terrenos basada en un contrato de venta que habría hecho el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y aprobado en el Congreso.

El diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, externó sus dudas sobre la legalidad de los mecanismos con que los dueños de Lajun adquirieron el título.

Alega el legislador que una certificación que entregó la empresa para demostrar su legítima propiedad, hace referencia a una aprobación en la Cámara de Diputados el 10 de febrero del 2009, y que en esa fecha no hubo tal sesión. Otro aspecto que señala el diputado es que los terrenos de Duquesa fueron dados en uso al ayuntamiento de Distrito Nacional por un periodo que culminaba en el 2015, mientras la venta que alega Lajun es del 1989.

En el Senado está registrada la venta de 177,943.44 metros cuadrados dentro de la parcela número 9, Distrito Catastral 21, por un valor de RD$19,573,778 .40, de parte del Estado dominicano a la empresa Granos Nacionales, representada por Manuel de Jesús Castillo Pimentel. El contrato de venta, firmado en el año 2004, fue aprobado por los senadores en diciembre del 2011.

Tania Molina