La Barquita tendrá Casa Comunitaria de Justicia

SANTO DOMINGO. La Nueva Barquita, ubicada en Santo Domingo Norte contará con una Casa Comunitaria de Justicia donde los vecinos podrán encontrar solución a los problemas de convivencia así como de materia laboral que puedan surgir.

La iniciativa que desarrolla la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) desde hace 10 años en la República Dominicana busca contribuir a la sana convivencia, así como demostrar a la sociedad que los medios alternativos de resolución de conflictos no solo contribuyen a descongestionar tribunales sino también a resarcir el daño ocasionado.

Para esta ocasión, además de integrar a la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, los ayuntamientos municipales y la Sociedad Civil, también se involucra el sector empresarial el cual contribuirá con la construcción del mismo.

María Antonieta Maltos Rodríguez, especialista en el área, explicó que debería de ser una política de Estado los métodos alternos para dar respuesta a los problemas interpersonales ya que en Latinoamérica se ha entendido la resolución de conflicto como algo que necesita una tercera persona que diga qué hacer, un tribunal o juez en materia penal.

Describió que el 72 por ciento de las personas que utilizan dicha metodología reciben respuesta en menos de un mes contrario a la justicia penal donde a veces para ganar o perder un caso se puede tardar hasta cinco años.

“Entre más casa ustedes puedan tener, en esos lugares donde son más necesarios, más accesibles para las personas, no solamente menos dinero le va a costar al sistema de justicia sino en realidad nuestras sociedades se van haciendo más pacíficas”, señaló Maltos Rodríguez, quien agotó la pasada semana una jornada de conferencias en el país sobre “La Mediación y Conciliación como estrategia eficaz para la construcción de paz social”.

En casi 10 años de servicio, el Programa de Casas Comunitarias de Justicia ha beneficiado a más de 250,000 personas, a través del abordaje de conflictos tanto familiares como laborales y comunitarios, tales como pensión alimentaria, custodia de menores, regulación de visitas, partición de bienes, conflictos de linderos, inquilinato, deudas, ruidos ambientales y atención a personas migrantes en proceso de regularización.

Hogla Enecia Pérez