Medio Ambiente cierra empresa; dueño dice recurrirá a la justicia
Metales Antillanos está instalada en la ribera del río Isabela en Santo Domingo Norte
Adalberto de la Rosa
SANTO DOMINGO. El Ministerio de Medio Ambiente cerró ayer definitivamente la empresa Metales Antillanos, en la zona industrial La Isabela, en la margen Norte del río Isabela, en Santo Domingo Norte, por violación de la resolución 13-2016 que prohibe las actividades de desguace y contaminación del Ozama e Isabela.
La entidad explicó que canceló el permiso ambiental 0558-07, del 31 de marzo 2015 porque la empresa se encontraba realizando actividades de desmantelamiento de barcos dentro de la franja de los 30 metros de protección y el permiso solo contemplaba el uso temporal de dicha franja para realizar cortes de piezas grandes.
Otro argumento para cerrar la empresa es que se realizaban cortes, acopio y tratamiento de metales en áreas no impermeabilizadas; tampoco cumplió con el plazo otorgado de un año para impermeabilizar de un 30% a 40% según se establece en la disposición de su permiso ambiental.
El ministro Francisco Domínguez Brito informó que Metales Antillanos también fue clausurada por la quema de residuos a cielo abierto y de manera reiterada, de residuos peligrosos.
Tres militares fueron apostados desde ayer en la entrada de la empresa, cuya puerta permanecía cerrada. En la entrada fue colocado un letrero de Medio Ambiente que dice: “Suspendidas las operaciones por incumplimiento de la resolución 13-2016”. El letrero tiene fecha 14 de febrero de 2017.
Reacción
El presidente de la compañía Metales Antillanos, José Ignacio Acero, calificó el martes de sorpresiva la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de cerrar las operaciones de su empresa y sin autorización de un juez.
En una declaración pública, el empresario dijo que recuerda los tiempos de la dictadura la actuación del ministro Francisco Domínguez Brito de enviar un contingente militar que impidió el acceso del personal, poniendo en peligro su integridad y la de los empleados.
Precisó que a raíz de la resolución 13-2016 que ordena el cese de las operaciones de reciclaje y reparación de las embarcaciones en la ribera de los ríos Ozama e Isabela se inició un proceso de dialogo al tiempo que fue sometida un recurso de reconsideración ante el ministro y otro recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
“Ante esta decisión arbitraria, que se aleja del espíritu de concertación y que a todas luces busca infringirnos un daño económico por el incumplimiento de contratos con empresas norteamericanas y de otras nacionalidades, a la vez que un daño moral de consecuencias no cuantificadas, recurriremos a los tribunales tanto de la República como internacionales con la esperanza de que la justicia se imponga ante tanta insensatez y deseo de protagonismo que no se detiene ante nada”, dijo.
Manifestó que en todo momento han estado dispuestos a respetar las normativas medioambientales pero demandan preservar la seguridad jurídica, el debido respeto y no violación a la propiedad privada, el clima de negocios y la integridad de los cientos de empleados que dependen de nuestra empresa.
Adalberto de la Rosa
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