Actores de la Justicia “explotan” ante las deficiencias del sistema Actores de la justicia “explotan” ante males del sistema
Jueces, fiscales, abogados y ciudadanos exponen las deficiencias que tiene el sistema de justicia penal dominicano que hacen los procesos lentos, congestionados e inhumanos para cada uno
Tania Molina
La jueza llegó alterada al salón. Buscaba una solución a una situación que no era nueva, pero que de tanto repetirse, había rebosado su paciencia. Apoderada de un caso que debía estar en conocimiento para ese momento, ella no había podido fijar la audiencia, pues los fiscales que llevan la investigación no le han entregado todas las pruebas físicas que, según el expediente escrito, debe contener.
Sin ellas, no tendría sentido llamar a audiencia, pues le obligaría a realizar por lo menos cinco reenvíos, según dice, y entonces -se queja- tendrá que cargar con los cuestionamientos por la tardanza en el proceso.
En muchas ocasiones, ha tenido que hacer copias de las pruebas para poder entregarlas a las partes, y “amanecer” compaginando expedientes, tarea que no le corresponde. Esta vez, se resiste a seguir de “oficinista” del Ministerio Público, pues el caso en cuestión implicaba sacar más de 300 mil copias.
La catarsis de la magistrada, que tiene su tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, apunta a una de muchas debilidades que señalan los actores del sistema de la justicia penal en la República Dominicana, que hacen lentas, congestionadas y asfixiantes las diligencias de los procesos.
Marino Féliz, abogado destacado en el ámbito penal, enlista algunas de ellas: “Expedientes mal preparados, falta de pruebas, retrasos indebidos por parte de jueces, no presentación de testigos principales que deberían estar localizados, y acusaciones mal preparadas”. Y sigue: “Los fiscales se recuestan en las víctimas, que muchas veces tienen que “preparar” las acusaciones”.
El abogado habla con más propiedad de situaciones que –asegura- se presentan en el Distrito y la provincia Santo Domingo, pero afirma que en los del interior del país los males son peores.
Petronila Carela no conoce al abogado Féliz, pero sí algunas de las situaciones que señala. A ella le mataron a uno de sus hermanos en el 2014, en medio de un atraco, y a mediados de junio del 2016 espera recostada de una pared (no hay sillas suficientes) del edificio del Palacio de Justicia de Santo Domingo, a que “por fin” se conozca la audiencia a uno de los matadores. El caso está para juicio de fondo, pero por la falta de los testigos no se ha conocido en las tres ocasiones anteriores en que se fijó.
Carela cuenta que antes de la audiencia de ese día, una persona que dijo ser fiscal la llamó por teléfono a su casa para pedirle que buscara a los testigos.
“Imagínese usted si yo voy, y me pongo a buscar testigos en un barrio que yo no conozco... muerta salgo yo de ahí”, comenta la señora de aspecto humilde y un tanto desorientada. A la señora le inquieta que al matador de su hermano Virgilio Larrecio, lo dejen en libertad.
“Es injusto que todavía no decidan lo que van a hacer con esa persona (el matador), pero uno no puede andar preguntando, porque dígame usted, ¿no son ellos (los fiscales) los que tienen que investigar y buscar las pruebas?”, se cuestiona la señora que, pasado el mediodía esperaba una audiencia fijada para las 9:00 de la mañana, mientras su pequeña figura se escondía entre la multitud que atestaba el tribunal.
Un mercado público
En la provincia Santo Domingo, las quejas se multiplican. La estrechez del Palacio de Justicia obliga a tener menos salas de las que se necesitan, y a que algunas de ellas operen en un furgón en el patio del edificio. Según el clima, los familiares de algún detenido al que le conozcan medida de coerción, o los abogados que esperan turno para subir a audiencia, deben mojarse si llueve, o “chamuscarse” bajo un sol que se torna más ardiente sobre la grava del patio.
“Esto parece un mercado público. Lo primero es que no hay local, y estamos todos uno encima del otro. Aquí hay que dividir en sala la Corte que es una sola para más de dos millones de habitantes que tiene la provincia. Por lo menos, deben existir tres salas. Esos colegiados dan lástima y ganas de llorar cuando uno entra. El Ministerio Público con los presos encima, no hay seguridad para el Ministerio Público, no la hay para la víctima, ni para nadie. Las salas parecen mesitas de mercado”. Quien así se expresa es Jeremías Nova Fabián, procurador general de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
“Muchas veces las víctimas se van o salen a llamarlas, y no escuchan por el bullicio, y hay que conocer los casos sin ellas. O tienen terror del imputado que está al lado de ella, porque no hay espacio, y prefiere irse”, continúa
La provincia tiene la modalidad de que en lugar de una secretaría por tribunal, existe una Secretaría General que atiende los trámites de todas las salas, lo que hace que las respuestas a solicitudes se tarden casi un día. “Uno se pasa un día buscando o solicitando información para una fijación de audiencia y hasta puñetazos y empujones se dan por un turno, sin decir del trato, que es deprimente, inhumano”, se lamenta el representante del Ministerio Público, que también se queja de tener que esperar tres y cuatro meses por una audiencia que debería fijarse en 45 días, debido a la falta de salas.
Otras problemáticas en materia penal las comenta Natividad Santos, presidenta de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Señala de primero la judicialización de todos los casos, aun sean conflictos que puedan conciliarse.
“Si todo se aspira a una acusación y a un juicio de fondo, obviamente que va a repercutir en un mayor tiempo, y eso se conjuga en mora y tardanza”, dice. A diario pueden entrar hasta 20 casos a una sala.
Tania Molina
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