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Comerciantes de Santiago piden modificar la Ley Notarial

Presidente ACIS dice que sólo un pequeño grupo se beneficiaría

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Comerciantes de Santiago piden modificar la Ley Notarial
Sandy Filpo (c) dice Ley Notarial sería negocio para algunos. (ANEUDY TAVÁREZ)

SANTIAGO. La Asociación de Comerciantes e Industriales de esta ciudad (ACIS) solicitó a los legisladores abocarse a modificar, cuanto antes, la nueva Ley Notarial, que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, por representar un instrumento que va contra las mayorías en la República Dominicana.

Sandy Filpo, presidente de la ACIS, manifestó que la aplicación de esta nueva ley (140-15) sólo serviría para que un pequeño grupo de la sociedad se enriquezca a costa de cobrar cuantiosas sumas de dinero por los servicios que ofrecerían los abogados notarios.

Dijo que todos los sectores económicos, empresariales, industriales y de empresas de servicios deben reclamar del Congreso Nacional la modificación de la Ley Notarial, porque -advirtió- tal como fue promulgada, se convertiría en un gran negocio para unos, y en un gran dolor de cabeza para millares de familias de escasos recursos que no podrán comprar ni una casa, ni un vehículo ni ningún otro bien, ya que las tarifas notariales son muy excesivas.

“En el país tenemos más de 400 mil personas que no pueden formalizar contratos de viviendas por sus limitaciones económicas, entonces, cuando entre en vigencia esa nueva ley notarial, entonces se les haría casi imposible”, subrayó Filpo.

Refirió que el país no puede estar viviendo sobre la base de dificultarles las cosas a las personas, sino de facilitarles la solución a sus problemas.

Fundación Transparencia y Democracia

La Fundación Transparencia y Democracia, que dirige César Manuel Matos Díaz, fijó su posición al respecto, indicando que la nueva ley notarial no puede aplicarse, porque presenta incongruencias con el Código de Procedimiento Civil, con la ley de Cheques.

Matos Díaz manifestó también que esa ley provocaría distorsiones en las ejecuciones civiles y encarecería extraordinariamente los servicios de los notarios públicos, convirtiéndose en inaccesibles para la clase más depauperadas de la sociedad.

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