JUSTICIA
| 19 DIC 2016, 3:59 PM

FINJUS: Código Penal no otorga trato digno a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad

La fundación considera que el Poder Ejecutivo debe observarlo otra vez

El vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán
El vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el Poder Ejecutivo debe observar otra vez el nuevo Código Penal por entender que la normativa remitida por el Senado “no responde al trato digno que el Estado Dominicano debe otorgar a sus mujeres” en situaciones de vulnerabilidad .

FINJUS explica que la observación sería coherente con los planteamientos realizados por el Poder Ejecutivo en el 2014, en donde se establecía que dicha pieza legislativa “no indicaba en sus contenido aquellas situaciones excepcionales, y que además por la complejidad especifica de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada”.

En una comunicación de prensa, Finjus dice que al devolverlo cuando fue remitido por la Cámara de Diputados, en noviembre de 2014, el presidente Danilo Medina lo observó con referencias específicas a los artículos 107, 108, 109 y 110, relativos a la tipificación penal del aborto.

“El propósito que expresó el Poder Ejecutivo al hacer esa observación respondía a la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico contara, en este sensible tema, con una legislación que garantizara los principios democráticos y el equilibrio que amerita la convivencia social en todo Estado de Derecho y que al mismo tiempo fuera el producto de una discusión consensuada por todos los sectores y dirigida a la protección de los derechos fundamentales”, indica.

FINJUS agrega que la nueva ley, sancionada la pasada semana, debe garantizar, además de prevalencia del derecho fundamental a la vida de la mujer, el derecho al respecto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la seguridad jurídica de quienes tienen la obligación de brindar asistencias médicas en el caso de estos eventos excepcionales.

“Esta pieza legislativa nos coloca como uno de los 5 países en el mundo donde se criminaliza la interrupción del embarazo en todas sus modalidades”, afirma.

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