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Finjus resalta sentencia del Tribunal Constitucional sobre Ayuntamientos

Dice que reafirma la competencia del Consejo de Regidores en los municipios

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Finjus resalta sentencia del Tribunal Constitucional sobre Ayuntamientos
Servio Tulio Castaños , vicepresidente de la Finjus.

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre los Ayuntamientos y Concejo de Regidores, constituye un importante paso en la dirección de fortalecer en la configuración territorial del régimen administrativo del país.

En el dictamen TC-296/16, los jueces dijeron que la facultad para la aprobación de los proyectos a los fines de otorgar el permiso de uso de suelo y edificación corresponde al Concejo de Regidores, no así a los alcaldes o alcaldesa.

Esto en respuesta a una acción interpuesta por la Alcaldía de Higüey contra la decisión de la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia, mediante la cual se ordenó a la alcaldesa Karina Aristy dar respuesta a una solicitud de permiso para construir una estación de combustible hecha por un empresario.

“Saludamos la decisión del Tribunal Constitucional por considerarla en concordancia con los principios de organización territorial, interpretación y armonización que realizara el Tribunal Constitucional, reafirmando la competencia del Concejo de Regidores de los municipios, que es la entidad jerárquica de la administración y gobierno local de los ayuntamientos, con facultad para dictar las normas y directrices generales que serán implementadas en los municipios y distritos municipales que están dentro de su ámbito de competencia territorial”, dijo Servio Tulio Castaños.

Explicó que los municipios constituyen piezas esenciales en la configuración territorial del régimen administrativo por lo que es necesario que todas las actuaciones de los gobiernos locales se sujeten de manera estricta al ordenamiento jurídico, para evitar decisiones discrecionales que lesionen la libre empresa, la inversión y el adecuado funcionamiento del régimen económico y que sirvan para propiciar el desarrollo integral y equilibrado en beneficio de la ciudadanía

“Esperamos que esta sentencia coadyuve a consolidar la seguridad jurídica y el necesario clima de transparencia para las inversiones económicas en el territorio nacional”, refirió.

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