La directora de Defensoría Pública admite que discriminan personas por falta de oficinas

SANTO DOMINGO. La directora de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública reconoció que como institución están discriminando personas y se hace urgente abrir oficinas en ocho localidades de las zonas más pobres del país.

Laura Hernández Román, explicó que en El Seibo, Jimaní, Las Matas de Farfán, Constanza, Nagua, Samaná, Dajabón y Santiago Rodríguez, el servicio es dado por abogados que contratan, quienes no asisten a los clientes de la manera adecuada.

“Hay personas en esas jurisdicciones que no reciben la asistencia con la misma calidad que en los lugares donde tenemos las oficinas abiertas, aunque capacitamos a esos abogados contratados pero no tienen trabajadores sociales, no tienen investigadores, no tienen toda la logística de una oficina abierta”, dijo.

Durante una visita a la redacción de Diario Libre, Hernández Román dijo que tienen urgencia en abrir estas oficinas porque están “discriminando a las personas, ya que en algunos lugares reciben un mejor servicio y en otros reciben un servicio precario”.

Atribuyó esta limitación a la carencia de recursos económicos y criticó que en el Presupuesto General del Estado solo le hayan aumentado RD$50 millones a la partida presupuestaria de esa institución, que el año pasado laboró con poco más de RD$415 millones. Añadió que con las dos nuevas jurisdicciones que se están creando en el Gran Santo Domingo, Oeste y Norte, ya no serían ocho sino 10 las oficinas que faltarían por abrir.

La directora de la Defensoría destacó que cuentan con solo 200 defensores públicos y que esa dependencia maneja del 63 al 70% de los casos penales en las jurisdicciones ordinarias.

Hogla Enecia Pérez