Reenvían por segunda vez audiencia por difamación interpuesta por periodista

HIGÜEY. La Cámara Penal del distrito judicial de la provincia La Altagracia reenvió para el día 9 de febrero el conocimiento de la audiencia de conciliación de la demanda que interpuso el periodista Robert Antonio Guerrero, quien se siente difamado por el psicólogo Fernando Placeres Peña y el fotógrafo Ángel Fernández.

Es la segunda vez que la primera fase del proceso es aplazado. El pasado 22 de diciembre lo reenvió el magistrado Edwin Rijo y ahora lo hizo la jueza Vanessa Contreras, quien estuvo de sustituta en la audiencia.

Ambos magistrados han acogido como válidos los alegatos de los abogados de la defensa, quienes en las dos oportunidades han planteado que no fueron debidamente citados, a pesar de que acuden a las audiencias.

Los abogados Ángel Abel Castillo y Andy de León criticaron los incidentes de sus colegas, con lo que desean evitar que se conozca el fondo del proceso judicial.

Guerrero, periodista de Diario Libre, denunció que trató de obtener una copia del manuscrito de la audiencia, pero le fue negada por la Cámara Penal.

“Mis abogados me dijeron que en calidad de demandante solicitara una copia del acta de la audiencia, pero la jueza me preguntó que para qué la quería y le dijo a la secretaria que si ella quería que me la otorgara, lo que rechazó la auxiliar, ofreciendo sólo la transcripción de los debates”, sostuvo Guerrero.

Se recuerda que el periodista Robert Antonio Guerrero sometió a la justicia al psicólogo Fernando Placeres Peña y al fotógrafo Ángel Fernández, a quienes acusa de encabezar una campaña difamatoria luego de que publicara en Diario Libre la reseña de un tiroteo ocurrido en la discoteca Coco Bongo, en el centro comercial Down Town Punta Cana, donde seis personas resultaron heridas, incluidos tres turistas y dos miembros de la Policía Nacional.

Guerrero explicó que, a través de una alocución radial y las redes sociales, Placeres lo acusó de ser un enemigo del turismo, de publicar el hecho con saña para hacer daño al centro de diversión con la supuesta intención de querer extorsionar al propietario, el empresario Luis Ramón Francis Moreno, un excontratista de Petróleo de Venezuela.

Asimismo, el demandante agregó que Fernández, a través de las redes sociales, lo acusó también de haber hecho la publicación del incidente en la discoteca para alegadamente presionar al empresario de origen venezolano.

Diario Libre