|Transporte público|
| 19 OCT 2016, 12:00 AM

Transportistas: “El gobierno se dejó confundir”

Se aplazó para que los intervinientes voluntarios conozcan recurso

Santo Domingo. Los dirigentes choferiles Antonio Marte y Juan Hubieres dijeron ayer que el sector empresarial quiere destruir al sector transporte mediante el recurso de amparo que sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Marte, presidente de la Confederación Nacional de Transporte, dijo que el gobierno tiene una persecución contra ellos y se han dejado confundir por el empresariado.

“Nos aumentaron las placas, nos aumentaron los peajes, los combustibles, nos quitaron las extensiones de todo, todo. Un vehículo nosotros tenemos que pagar más que ellos (Los empresarios), cuando ellos pagan un 25 nosotros pagamos un 100 y entonces quienes son los beneficiados, nos quitaron el combustible y se lo dejaron a ellos”, refirió.

Hubieres, de la Federación Nacional De Transporte La Nueva Opción, dijo que malo o bueno han existido por 60 años.

La Segunda Sala reenvió para el 15 de noviembre el recurso sometido por el Conep contra varias instituciones del Estado por presunto “monopolicio” en el sector transporte a los fines de que unas 15 entidades que figuran como intervinientes voluntarios tomen conocimiento del expediente y puedan elaborar sus medios de defensa.

Previo a suspender la audiencia los jueces Diógenes Villalona, presidente; Alina Mora y Antonio Sánchez Mejía, advirtieron a los transportistas que para la próxima audiencia no se aceptarán nuevos interventores en el proceso que lleva el Conep contra los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.

La acción de amparo, presentada a través del equipo de abogados que lidera el jurista Eduardo Jorge Prats, solicita que se ordene a los órganos estatales vinculados con el transporte terrestre de carga y de pasajeros, cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en nuestro ordenamiento, a fin de erradicar prácticas anticompetitivas existentes en ambos sectores.

Se alega en concreto que varias instituciones del Estado regentes y responsables del sistema de transporte omiten el cumplimiento de las leyes, creando un sistema de abuso de posición dominante en el servicio, violentando derechos fundamentales de otros actores en la economía y creando con ello graves perjuicios a la economía de la República Dominicana

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