TSA reconoce monopolio en transporte y ordena al Estado que asuma su rol

SANTO DOMINGO. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) impedir que cualquier entidad intervenga o domine la concertación de precios en materia de transporte de pasajeros.

Al acoger de manera parcial el recurso de amparo de cumplimiento interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra varias instituciones del Estado, ordenó a la OTTT dictar y adoptar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros, de acuerdo con las necesidades nacionales imperantes.

Les ordenó además vigilar “el cumplimiento de las disposiciones necesarias para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva e impidiendo a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios en materia de transporte”.

Dijo que los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la Oficina Técnica, violaron las leyes que prohíben el establecimiento de monopolio en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques de cualquier naturaleza en los muelles del país.

Señala que han afectado el derecho a la libre empresa, libertad de tránsito y trabajo a un determinado número de personas incluido el propio Estado, el cual resulta perjudicado como consecuencia del estado de cosas generado por dicho incumplimiento, que afecta derechos e intereses colectivos que son reclamados por el Conep.

Ordenó a las instituciones estatales dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 578-65 para que no haya monopolios; 290-66 sobre libre competencia y los niveles de precios; 489-89 sobre medidas para organizar y controlar el transporte; 541-69 para evitar prácticas anticompetitivas en el transporte de turistas.

Medidas

El Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Defensa cumplir con su deber de asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos hasta su destino final, mediante el uso de vehículos de su propiedad o de particulares, resguardando la integridad física o moral que precise realizar estas actividades así como las propiedades.

Interior y Policía deberá supervisar a los agentes policiales a su cargo para garantizar que las personas físicas o morales al momento de utilizar los servicios de transporte de pasajeros así como depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos tengan la debida protección.

Aunque el empresariado había sometido un amparo ordinario, por las características procesales, el tribunal le varió la calificación jurídica a amparo de cumplimiento por motivos que se darán a conocer en la sentencia íntegra.

Rechazó las demás conclusiones planteadas por el Conep por considerarlas improcedentes.

También rechazó por falta de calidad la solicitud hecha por la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), mediante la cual pedía ordenar que las empresas que reciben exenciones, exoneraciones y subsidios distribuyan el 20% de los beneficios entre sus trabajadores así como imponer un astreinte.

Rechazó la excepción de nulidad planteada por el representante de varias federaciones de transporte de la región Este por contener irregularidades, así también el medio de inadmisión promovido por el Ministerio de Trabajo por falta de calidad en el entendido de que el accionado actuó en su representación como persona moral, no así en representación de los intereses individuales de las entidades comerciales que lo componen. Fijó un astreinte de cinco mil pesos a cada una de las instituciones del Estado por cada día de incumplimiento de la decisión, a favor de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Empresarios

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Paz, dijo que se abre una nueva etapa en el transporte del país donde se garantizará la libertad y la dignidad en el sistema, pues el tribunal reconoció que ese sector es controlado por un grupo.

“Una nueva etapa donde ahora tendremos que ponernos de acuerdo, todos, liderados por el Estado y por el gobierno, incluyendo a los principales actores del sistema, es decir a los choferes, a los transportistas, para construir el modelo de transporte que se merecen los dominicanos”, refirió.

Las asociaciones empresariales y entidades empresariales agrupadas en Compromiso Santiago valoran positivamente la sentencia en el entendido de que con ella se avanza en la promoción de la libre competencia y la eficiencia en un servicio.

5000

Es el astreinte que deberán pagar las instituciones por cada día de incumplimiento del fallo

Hogla Enecia Pérez