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Presidente Medina encarga a comisión la disolución de Corde y cancela a director

La decisión se produce tras una investigación sobre la venta de terrenos en Los Tres Brazos

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Presidente Medina encarga a comisión la disolución de Corde y cancela a director
Leoncio Almánzar, director de Corde. (DIARIO LIBRE/JOSÉ JUSTO FÉLIZ)

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina encargó a la comisión integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; José Dantés y Lidio Cadet, la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), y la transferencia de titularidad de sus patrimonios.

Igualmente, el presidente de la República le transfirió la inmediata gestión operativa, administrativa y financiera hasta que culmine su disolución.

Mediante el decreto número 16-17, de fecha 10 de febrero de 2017, suspende todas operaciones de Corde y de la CREP, y cancela al director de la primera entidad?.

“Los recursos humanos que laboran hasta la fecha en Corde serán reubicados en otras instituciones del Estado, por lo que no tienen que intranquilizarse”, dijo el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.

La Comisión recibió, además, el encargo del presidente Medina de elaborar un proyecto de ley sobre la disolución y transferencia de titularidad para someterlo al Congreso Nacional.

El director de Corde, Leoncio Almánzar, ha informado que la entidad tiene una nómina de 45 empleados, con un presupuesto mensual de RD$2.5 millones.

La Comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar la cuestionada venta y transferencia de tres parcelas en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, por parte de Corde a Inversiones Fernández Parache & Asociados, concluyó que el valor total de los terrenos, de acuerdo a evaluaciones oficiales, asciende a RD$688,042,586 y no a RD$80 millones como se negoció.

Lea también: Parcelas en Los Tres Brazos cuestan RD$600 millones más que valor vendido por Corde

Los comisionados concluyeron que “la operación, dado el contexto social y comunitario que existe en los inmuebles objetos de venta, nunca debió realizarse en los términos en que se llevó a cabo, independientemente de los problemas –constitucionales, legales, técnicos y comerciales- identificados”.

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