Procurador cita peligros del proyecto ley de armas que cursa en el Congreso

SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que lejos de resolver un problema, el proyecto de ley para el control y regulación de las armas de fuego empeoraría la situación del país, estimularía el comercio de estas y pondría en mayor riesgo a la población.

En rueda de prensa, afirmó que abrir totalmente el negocio de importación y comercialización de armas de fuego contribuiría a empeorar la situación en materia de seguridad ciudadana.

Cuestionó que en el artículo 6, párrafo 3, se considera los fusiles como armas para civiles.

“Nosotros no podemos permitir que, aún sean casos excepcionales, fusiles como M-14, M-16 o Fal, que son armas de guerra, puedan caer en manos de particulares, en el uso civil, cuando deben ser de uso militar exclusivo”, enfatizó.

Entiende que nadie menor de 30 años puede tener permiso de portar armas de fuego, porque la mayoría de homicidios que suceden involucra a jóvenes con edades entre 18 a 22 años.

Domínguez Brito es partidario que se establezcan nuevas penas, de hasta 40 años, para toda persona que le quite la vida a alguien para cometer un robo o un atraco con un arma legal.

Asimismo, planteó que un ladrón que quite la vida a otra persona para robarle, no se trata de un homicidio que apareje una pena de 20 años, sino que debe recibir 30 años.

Considera que el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, revive sin proponérselo la industria y la oferta de venta de armas y municiones en la República Dominicana, que había sido limitada a partir del decreto 309-06, del 24 de julio de 2006.

“Lo peor de todo es que la mayoría de armas utilizadas en la República Dominicana para cometer homicidios, robos y otros delitos son de origen legal, y armas que han sido robadas a sus propietarios, y con ellas matan a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y a muchos dominicanos y dominicanas”, argumentó.

Observa que esa disposición presidencial prohibió la importación de armas de fuego para el comercio con particulares.

“Particularmente consideramos necesario y fundamental reorientar la discusión sobre tan importante proyecto de ley, a los fines de mejorar la regulación sobre uso de armas de fuego en la población civil”, subrayó.

Indicó que el pueblo dominicano debe entender que se está atracando y matando con las mismas armas con las que se han pagado impuestos, que están registradas y legalizadas.

El procurador sugirió que el policía y militar que preste o alquile su arma de fuego para la comisión de un delito, reciba penas de tres a cinco años.

De igual modo, propone que al policía que asigne un arma a un civil, sin importar la formalidad, ni que se trate de un jefe de la Policía o un Ministro de Defensa, le sean impuestas penas de tres a cinco años.

Federico Méndez