Renuncian cinco “veedores del INABIE”; dicen “no son tomados en serio”

SANTO DOMINGO. Cinco de los siete miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), renunciaron a su función como “veedores” de esa entidad tras alegar en una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que “no son tomados en serio”.

Los miembros del INABIE manifestaron en la misiva, enviada el 7 de este mes al ministro Gustavo Montalvo, que ya habían advertido que la existencia de la Comisión estaba amenazada por la ausencia de información oportuna.

“Con frustración y pesar, le comunicamos nuestra decisión de renunciar a la responsabilidad que usted puso en nuestras manos, designándonos como veedores del INABIE, una función gratuita desempeñada con esmero y dedicación por la mayoría de sus nosotros”, manifestaron la periodista Ana Mitila Lora, los empresarios Ramón P. Báez y Flavio Rodríguez Méndez, así como los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, Frank de la Cruz, y Johnnie Martínez, respectivamente.

En el documento que hizo llegar a Diario Libre la coordinadora de la Comisión, Ana Mitila Lora, los miembros citados se quejan de que llevan más de un año requiriendo del INABIE actualizar su portal con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades y no reciben respuestas.

Asimismo, criticaron que tienen más de un mes esperando explicaciones sobre algunas intoxicaciones ocurridas en escuelas del interior del país y las justificaciones de por qué se contratan suplidores por tres años consecutivos que no reúnen las más mínimas condiciones para serlo, pese a la existencia de requisitos para los aspirantes.

“No somos auditores, ni expertos en tecnologías de alimentos, por más que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de informaciones de parte del INABIE dificulta nuestra responsabilidad como veedores”, resaltan en el escrito.

Por otro lado, indican además que el decreto 183-15, en especial el artículo 25, ha creado malestar en el seno de la referida Comisión debido a que su entender las disposiciones del Poder Ejecutivo obstaculizan que los veedores informen a la opinión pública lo que ocurre en las instituciones observadas.

“La modalidad establecida limita el necesario proceso de rendición de cuentas. Sin ser abogados ni juristas, entendemos que ante ese decreto los veedores podrían resultar con menos derechos que cualquier otro ciudadano en su facultad de denunciar cualquier irregularidad. O sea, se vulnera la libertad de expresión”, subrayan.

Precisan también que han visto con preocupación que ante los escándalos de corrupción que han explotado en los últimos meses, algunos funcionarios argumentan y defienden la transparencia gubernamental basados en la existencia de “Comisiones de Veedurías”.

“Entendemos que con esas afirmaciones se está haciendo un uso político de los veedores, ya que por los menos en esta comisión, caracterizada por trabajar arduamente, sabemos de las grandes limitaciones que hay que enfrentar para obtener informaciones completas y oportunas. Así que sobradamente sabemos, que lamentablemente, la existencia de comisiones de veedurías, no garantiza per se, la transparencia ni el uso honesto de los fondos públicos. Cobra espacio el sentimiento de que estas comisiones sólo están sirviendo para legitimar las ejecutorias de funcionarios”, sostienen.

Diario Libre