Responsabilizan a la Seguridad Social de males de ARS, clínicas y médicos

SANTO DOMINGO. Casi la totalidad de los reclamos de los médicos y los dueños de clínicas privadas son temas que dependen de la Ley 87-01 de Seguridad Social, como es el aumento de los honorarios y las tarifas que exigen los galenos y que hace más de 10 años que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) no las revisan.

Todos los sectores involucrados reconocen que los más afectados son los pacientes, pero la lucha de intereses se antepone a la búsqueda conjuntas de soluciones.

Para el exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien jugó un papel de primer orden en la puesta en ejecución del Seguro Familiar de Salud (SFS) de la Ley 87-10, son esos aspectos los que tienen que discutirse para mejorar los servicios, tomando siempre en cuenta al paciente, que es lo fundamental.

Este martes, antes de la marcha que tienen los médicos que laboran en los centros de salud privados, los presidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero; de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, y el director de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, se reunieron, con el fin de buscar una salida al conflicto, pero no acordaron nada.

Suero dijo que la marcha es en contra del Estado, para que, a través del CNSS y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), respondan a sus demandas, que también incluye, la afiliación de más de 15 mil médicos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El presidente de Andeclip pide que ante esos inconvenientes, se piense primero en los pacientes, porque son quienes resultan más afectados con sus diferencias.

Señala que todos los reclamos que hace cada sector es justo y que las responsables son las autoridades.

De su lado, el director ejecutivo de Adars, dijo que las ARS pagan la tarifa que fija el CNSS, y el aumento que piden los médicos requiere de un estudio técnico que corresponde a la Sisalril, para determinar el costo que conllevaría su aplicación y que no afecte al sistema.

Diario Libre