Dos noticias de carácter legal ocupan las páginas de los diarios: la inhabilitación del juez Baltazar Garzón, en España, por ordenar una medida ilegal, lo que constituye el delito de prevaricación, y la condena en el país de ejecutivos de una cadena hotelera por una supuesta deuda de sus hoteles. A estos últimos les decimos, con dolor, "bienvenidos al club".

Los dominicanos hemos aceptado pasivamente que los derechos de las personas a un juicio justo e imparcial sean violados permanentemente por los jueces, en la mayoría de los casos, con un gran tufo a corrupción.

El caso de Arturo Pellerano es el más conocido de todos.

Pero son miles las personas acusadas penalmente por deudas civiles, porque ni fiscales ni jueces ven más allá de la intención de los querellantes. Volvimos a la etapa de la prisión por deudas amparadas en supuestas querellas que no tienen basamento jurídico para un juez diligente.

Pero a esos jueces no les pasa nada y, peor aún, son promovidos.

Independientemente de los motivos políticos que puedan haber en el enjuiciamiento del juez Garzón, parece claro que se pasó de esa raya indeleble que separa la actuación legal del juez, del delito.

Aquí, eso pasa todos los días sin consecuencias para nadie.

El Consejo del Poder Judicial está llamado a enderezar esos entuertos y a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional les corresponde el ineludible deber de rescatar la legalidad de las decisiones de nuestros jueces.

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