Ciudadanos... ¿pero menos?

El artículo 85, párrafo III del Código Procesal Penal, da calidad a cualquier ciudadano para querellarse contra los funcionarios públicos.

Eliminarlo sería uno de los atentados más directos que se pueda hacer desde el poder contra el ciudadano dominicano. Tenemos derechos, primero porque somos personas. Y tenemos derechos civiles porque somos ciudadanos.

Que un ciudadano no pueda querellarse, es lo mismo que decir que no pueda defenderse. Es limitar nuestros derechos, conducirnos a un sistema prácticamente dictatorial. Si alguien tiene calidad para querellarse es el afectado. ¿Y quién más afectado que el ciudadano cuando un funcionario delinque?

Estemos claros. Hay funcionarios que cometen abusos e irregularidades. Hay instituciones encargadas de combatir las irregularidades que simplemente no actúan. Hay tribunales que se han negado a aceptar querellas contra funcionarios. Hay funcionarios que ni con sentencia en contra corrigen... , y hay políticos que necesitan que ese párrafo sea eliminado para proteger sus actuaciones (pasadas y/o futuras).

No nos sobran derechos ciudadanos, faltan. Y los que tenemos nos son pisoteados más a menudo de lo que queremos reconocer. El dominicano no tiene en su vida diaria seguridad jurídica, y eso le afecta a nivel laboral, municipal, judicial, impositivo, inmobiliario... Quitarle, además, el derecho a querellarse contra un funcionario es la puntilla. La idea, sea de Díaz Rúa o de otros... debe ser rechazada de plano.

IAizpun@diariolibre.com