Reclamaciones adicionales

La situación de la deuda externa de la Argentina se ha complicado aún más. El ministro de economía de ese país informó ayer que otras reclamaciones legales, por un total de entre US$7 mil millones y US$8 mil millones, han sido añadidas a las que estaban pendientes en una corte judicial estadounidense.

Las demandas corresponden a acreedores que no aceptaron los términos ofrecidos por el gobierno argentino en las reestructuraciones de deuda del 2005 y el 2010, pero que tampoco fueron parte del grupo de acreedores que presentó las demandas en curso.

Estas últimas fueron falladas a favor de esos acreedores por un juez de Nueva York, cuya jurisdicción obedece a que la emisión de los valores originales fue radicada en esa ciudad.

El juez dispuso, además, que mientras no hubiera un acuerdo con los acreedores, tampoco podrían pagarse las deudas reestructuradas, lo que colocó a Argentina en una difícil situación de cesación involuntaria de pagos.

Los acreedores actuales no son necesariamente los mismos que invirtieron en títulos argentinos y fueron afectados por el incumplimiento del 2002.

Son entidades que compraron los títulos a una fracción de su valor original con la expectativa de realizar una ganancia sustancial por la vía judicial.

Los que ahora se suman a esas reclamaciones estaban a la espera del momento propicio para presentar sus demandas, estrategia que el gobierno argentino había anticipado, y era una de las razones por las que ha rehusado pagar a los reclamantes anteriores.

Para evitar esa contingencia, el gobierno desea llegar a un acuerdo que abarque a todos los potenciales demandantes, no sólo a aquellos que ya hayan presentado sus reclamaciones.

Calificar a los acreedores como "fondos buitres", y acusar al juez actuante de exceder el alcance de sus atribuciones tiene un innegable valor político para las autoridades argentinas, pero contribuye poco a ganar la disputa.

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Gustavo Volmar